Integrantes de la Asociación Civil Unidad Habitacional Teocalli A.C., conformada por académicos jubilados de la Universidad Veracruzana, denunciaron públicamente el despojo de un terreno adquirido legalmente desde 1997 en la colonia Badillo, así como una serie de presuntas irregularidades judiciales que, aseguran, han impedido la restitución de la posesión durante casi tres décadas.
La presidenta de la asociación, Celia Cecilia Acosta Hernández, explicó que el predio de 13 mil 580 metros cuadrados, ubicado en la calle Agustín Lara número 10, fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado con Rafael Hakim Aburto, protocolizado en escritura pública número 3057 del 19 de marzo de 1997 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, ese mismo año el terreno fue invadido por personas presuntamente enviadas por Humberto Frutis Montes de Oca, integrante de una conocida familia xalapeña, lo que dio inicio a un prolongado conflicto legal. Relataron que, tras la invasión, Frutis Montes de Oca e Irma Carreto Caraza promovieron la rescisión del contrato de compraventa.
Frutis vendió el terreno a un tercero, Emiliano Valencia Ruiz, mediante un contrato celebrado ante un notario en el estado de Guanajuato y sin que fuera debidamente protocolizado.
En 2006, la asociación promovió una demanda civil que derivó en una sentencia favorable en 2009, en la que se declaró nulo un contrato privado celebrado por los demandados. Pero en 2022, María del Rosario Sánchez Ortega promovió una demanda de prescripción positiva del predio, de lo cual no fueron notificados, pese a que su domicilio legal está plenamente identificado, en las instalaciones del Fesapauv, en el centro de Xalapa.
“Nos dimos cuenta cuando ya existía una sentencia. Eso es una violación directa a nuestro derecho de audiencia”, afirmó Carlos Alejandro Arias de León.
Desde entonces, los afectados han transitado entre apelaciones, juicios de amparo y recursos de revisión, que califican como una estrategia para dilatar el proceso y amedrentar a los legítimos propietarios.
Actualmente, el caso se encuentra en revisión ante un tribunal colegiado, luego de que les fuera negado un primer recurso de amparo.
Los académicos jubilados sostienen que su lucha ha sido contra lo que llaman un “cártel inmobiliario” que opera en la ciudad: “No pedimos privilegios, pedimos justicia, que se nos reconozca como los legítimos propietarios y se nos devuelva la posesión del terreno que adquirimos hace casi 30 años”, expresaron.
La Asociación Teocalli A.C. reiteró que continuará su defensa legal y social hasta lograr la restitución del predio, subrayando que el caso refleja las dificultades que enfrentan ciudadanos y organizaciones frente a prácticas de despojo y simulación en procesos judiciales.
