Por Sandra Luz Tello Velázquez
Tras 109 años de conmemorar la existencia de la tercera Constitución Mexicana, cabe preguntarnos si lo que recordamos es un garante real de justicia o simplemente el cadáver documental que hemos engordado, a fuerza de reformas, hasta parecer irreconocible.
Nuestra Constitución de 1917 nació con un espíritu de vanguardia social, pero hoy simula una especie de obesidad legislativa preocupante. Mientras que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica ha sobrevivido con 27 enmiendas en más de dos siglos, la nuestra acumula más de 700 modificaciones. En la última década, el texto se ha hinchado un cuarenta y seis por ciento, transformándose en un híbrido confuso de leyes, reglamentos y buenas intenciones que pocos ciudadanos comprenden y casi ninguno lee.
Como bien señalan los análisis históricos, esta inestabilidad revela un síntoma alarmante: en México, quienes juran cumplir la ley actúan muchas veces como si estuvieran por encima de ella. El ímpetu por reformar, lejos de fortalecer el pacto social, pareciera una forma de sometimiento del derecho a la voluntad del poder en turno. Hemos confundido la importancia de las normas con longitud; creemos que por escribir detalles reglamentarios en la Constitución, esta se volverá sagrada y perfecta cuando en realidad solo logramos que el imperio de la ley sea simbólico.
Considerando la visión humanista de Víctor Hugo se vuelve más vigente la idea de que la ley debería situarse dentro de un marco de justicia. Para el autor de “Los Miserables”, la primera justicia es la conciencia. El novelista francés advierte a través de sus letras, que la ley escrita cuando es fría e implacable termina por ser injusta.
Para Víctor Hugo, la justicia real debería ser restaurativa, es decir, tendría que buscarse la redención y no solo centrarse en el castigo proporcional al crimen. La Constitución podría mantener su alma, si aquello que la sustenta fuera la justicia social y el derecho humano como armas para combatir la miseria y la desigualdad, alejándose así del laberinto de artículos que solo los iniciados pueden navegar.
¿De qué sirve tener 66,000 palabras de texto constitucional si estas no garantizan que un inocente deje de ser castigado injustamente o que un gobernante actúe con impunidad? Cuando se castiga a un inocente o se margina al desvalido debido a los tecnicismos legales, la Constitución pierde su sentido y se fractura a la sociedad.
En definitiva, la verdadera reforma que México necesita no es añadir más párrafos a la Carta Magna, sino volver a la esencia: una Constitución breve, clara y tan poderosa en sus principios que cada ciudadano pueda llevarla en la memoria y en el actuar. Así dejará de ser un documento inestable y empezará a convertirse en el reflejo de la conciencia colectiva que respeta al ser humano por encima de la burocracia del poder.
