El presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Luis Ramírez Baqueiro, acudió al Congreso de Veracruz para comparecer sobre el desempeño del organismo, en un ejercicio marcado por cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección y sus declaraciones en torno al homicidio del periodista Carlos Castro.
Diputadas y diputados le pidieron explicar por qué, el 11 de enero pasado, declaró que el asesinato del director del portal Código Norte “pudiera no estar relacionado con su actividad periodística”.
Ramírez Baqueiro respondió que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se trató de un comentario personal, no institucional. Y lanzó una frase: “Yo también fui víctima de mis compañeros periodistas”.
Con esta declaración, Ramírez Baqueiro buscó justificar que sus palabras sobre el homicidio de Castro —cuando sugirió que podría no estar vinculado al ejercicio periodístico— fueron interpretadas de manera errónea. Señaló que la CEAPP no tiene facultades para determinar la relación entre un crimen y la actividad periodística.
Este matiz en su discurso fue uno de los puntos más tensos de la comparecencia, pues legisladores y colegas del gremio le reprocharon que sus expresiones pudieran minimizar la gravedad de las agresiones contra periodistas en Veracruz.
Reiteró que la CEAPP no tiene facultades para determinar si un crimen está vinculado al ejercicio periodístico, y que esa responsabilidad corresponde a la Fiscalía General del Estado.
Informó que la CEAPP otorgó medidas de protección a Castro tras una agresión en abril de 2024, incluyendo rondines policiales y la entrega de una cámara GoPro. Sin embargo, señaló que el periodista rompió comunicación con la Comisión, lo que dificultó mantener el acompañamiento.
Explicó que el mecanismo requiere contacto directo con los beneficiarios para funcionar adecuadamente.
Sobre el caso del reportero Rafael León Segovia, detenido en Coatzacoalcos, dijo que la CEAPP lo acompañó desde el inicio, aunque la defensa particular limitó el acceso a la carpeta de investigación.
Detalló que la Comisión clasifica los niveles de riesgo en bajo, medio y alto, y que no se han rechazado solicitudes de protección cuando cumplen los requisitos legales.
Ramírez Baqueiro informó que en 2025 se documentaron 24 agresiones físicas contra periodistas. Actualmente existen 90 expedientes judiciales en seguimiento, de los cuales cuatro han sido resueltos.
El presupuesto aprobado para la CEAPP fue de 22 millones de pesos, destinado en parte a medidas de protección integral como asesoría jurídica, apoyos económicos y vinculación con autoridades de seguridad.
Subrayó que la CEAPP mantiene un espacio permanente para la Fiscalía General del Estado en su órgano de control.
Confió en que con la nueva administración de la FGE habrá avances sustanciales en las investigaciones de agresiones contra periodistas.
