Por José Manuel de Alba
En días recientes se difundió que la gobernadora del estado de Veracruz sostuvo una reunión con magistrados del Poder Judicial Federal, presentada como un “diálogo abierto, respetuoso y constructivo”, orientado a coordinar acciones en favor del bienestar de la población y a reafirmar la división de poderes. El mensaje fue difundido como un gesto republicano y positivo. Sin embargo, visto desde una perspectiva constitucional básica, el hecho no genera tranquilidad, sino una profunda preocupación institucional.
El problema no es la cortesía ni el respeto entre autoridades. El problema es el concepto mismo de coordinación entre poderes que, por diseño constitucional, no deben coordinarse políticamente. El Poder Ejecutivo gobierna, decide políticas públicas, administra recursos y ejerce poder. El Poder Judicial no gobierna. Su función es juzgar, resolver conflictos concretos y controlar que el poder no se exceda. Por eso surge una pregunta elemental: ¿de qué pueden coordinarse quienes tienen funciones opuestas por naturaleza constitucional?
Un juez no está para acompañar proyectos de gobierno ni para compartir narrativas oficiales de bienestar. Su función es resolver conforme a la Constitución, incluso cuando su decisión resulta incómoda para el poder político. Cuando se habla de acciones coordinadas, el lenguaje deja de ser jurídico y se convierte en político. Y cuando eso ocurre, la división de poderes comienza a vaciarse de contenido real.
La división de poderes no existe para generar armonía entre autoridades, sino para producir fricción institucional. Es un sistema de controles, no de coincidencias. El juez no está para coincidir con el Ejecutivo, sino para limitarlo cuando se aparta de la ley. No está para dialogar políticamente, sino para decir no cuando el poder cruza los límites. Cuando los poderes se presentan como aliados, el contrapeso desaparece, aunque formalmente siga existiendo en el texto constitucional.
La cercanía excesiva entre jueces y gobierno genera un problema adicional: la pérdida de la apariencia de independencia. La justicia no solo debe ser imparcial, sino parecerlo. Un árbitro que se reúne con uno de los equipos antes del partido puede prometer neutralidad, pero su credibilidad queda dañada. Con los jueces ocurre lo mismo. Cuando agradecen públicamente al gobierno, adoptan su lenguaje o se presentan como parte de un mismo proyecto institucional, se rompe la confianza ciudadana.
Más preocupante aún resulta la práctica de algunos magistrados de buscar diálogo ciudadano con municipios o actores políticos que no tienen ningún asunto pendiente ante sus tribunales. Los jueces no son representantes populares. No hacen campaña, no gestionan apoyos y no construyen consensos. Su función es resolver controversias concretas entre partes, con distancia y neutralidad. El contacto político innecesario genera vínculos, expectativas y compromisos implícitos que contaminan la función jurisdiccional.
El riesgo mayor de este fenómeno es la transformación del juez en un actor político. Cuando el juez comienza a pensar en su imagen pública, en su popularidad, en su aceptación social o en su permanencia en el cargo, deja de decidir exclusivamente conforme a la Constitución. Empieza a ponderar costos políticos. Y cuando eso sucede, la justicia deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta de legitimación.
El constitucionalismo existe precisamente para evitar que las mayorías aplasten a las minorías. Los derechos no están diseñados para agradar a la mayoría, sino para proteger a las personas frente al abuso del poder. Un juez que busca quedar bien con el gobierno o con la opinión pública deja de proteger derechos y comienza a administrar simpatías. Ese juez ya no es independiente, aunque conserve formalmente su investidura.
Cuando los jueces evitan incomodar al poder, suavizan el alcance de los derechos o adaptan la Constitución a la narrativa oficial, el ciudadano queda solo frente al Estado. La división de poderes se convierte en un adorno retórico. La justicia se vuelve una simulación. La historia demuestra que los regímenes autoritarios no comienzan con tanques, sino con jueces complacientes.
La independencia judicial no se proclama en discursos ni se fortalece con reuniones protocolarias. Se ejerce con distancia institucional, sobriedad, silencio político y sentencias firmes, incluso impopulares. El juez verdaderamente independiente no busca reflectores ni aprobación. Habla exclusivamente a través de sus resoluciones.
Cuando el juez se acerca demasiado al poder, la justicia se aleja de la gente. Y cuando la justicia se debilita, lo que sigue no es bienestar, sino arbitrariedad, inseguridad y pérdida de libertades. Por eso, defender la independencia judicial no es un capricho corporativo. Es una condición esencial para que los ciudadanos no queden indefensos frente al abuso del poder.
