Primero vinieron por la UV
Por Aurelio Contreras Moreno
El reciente caso de la Universidad Autónoma de Campeche es una prueba, una muy cruda, de la ofensiva que sufren las universidades públicas en México para someterlas a los designios del poder político.
La persecución contra el rector, José Alberto Abud, quien se atrevió a negarse a poner a la institución a las órdenes del régimen de la cuasidictadora campechana Layda Sansores –por mucho, de lo peor que hay en Morena, donde esa competencia es realmente fuerte-, es una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar en su desaforada carrera hacia la autocratización.
Como rechazó autorizar que la universidad fuera escenario de actos con tufo partidista –que Morena pretendía aprovechar-, y en la víspera de su reelección al frente de la casa de estudios, el académico fue detenido el pasado lunes 12 de enero mediante una maniobra por demás silvestre: fue imputado por una supuesta posesión de drogas, burdamente “sembradas” por policías estatales para incriminarlo.
Desde 2024, Abud había sido objeto de ataques públicos en el programa “Martes del Jaguar” de la gobernadora Layda Sansores, quien lo acusó de ser “aviador” y de supuestas irregularidades administrativas, en un acto más de descarnado y vomitivo abuso de poder de los que son muy usuales en Campeche, que por mérito propio ya es motejado como un estado “bananero”, gobernado por una déspota que también persigue periodistas y los obliga no solo a no criticarla, sino hasta a dejar de ejercer su profesión por atreverse a hacerlo, so pena de ir a la cárcel.
Menos de 24 horas después de la detención, Abud fue destituido como rector en una sesión exprés del Consejo Universitario y, en su lugar, fue colocada “fast track” una alfil de Layda Sansores. Abud fue liberado a los dos días, pero ya no es el rector. La Universidad ha sido tomada como botín.
Fue tan vulgar y evidente el ardid, que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum marcó su distancia al declarar que “no se puede usar la justicia como una vendetta política”. Aunque no habló de reparar el daño causado por su “amiga” –como ella la llama-, la gobernadora represora de Campeche.
Lejos de ser un hecho aislado, esta situación forma parte de un plan mayor de captura de las universidades públicas del país. En Veracruz acabamos de vivirlo de una manera igual de grotesca, con el secuestro de la Universidad Veracruzana a manos de una camarilla pandilleril, que también torció la ley con el aval de un Poder Judicial timorato y cómplice, cuyos jueces ni siquiera se atrevieron a estudiar de fondo las quejas y prefirieron desechar sin discusión los amparos que se solicitaron, porque sabían perfectamente que la “prórroga” que se autoconcedió Martín Aguilar Sánchez vía sus títeres en la Junta de Gobierno, es ilegal, y su extensión de rectorado, espuria.
En Veracruz como en Campeche, la autonomía de sus universidades quedó reducida a una simulación y pasaron a estar subordinadas a intereses políticos ligados directamente al régimen.
Y ahora tienen la mira puesta en la UNAM, en donde el morenato no oculta su ambición de extender esta andanada, como quedó expuesto con la intentona de prohibir publicaciones críticas de la “4t”, como un libro recientemente editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, que provocó la furia de los morenistas pues analiza, a través de reconocidos juristas, la ilegalidad en la forma en la que el partido oficial se apoderó de las cámaras sin haber obtenido la votación suficiente para ello.
Uno de los que vocifera es el impresentable diputado “dato protegido” o “Gutierritos”, Sergio Gutiérrez Luna, quien salió a quejarse de que en el referido Instituto hay “personajes incrustados” que “solo investigan cosas contra Morena”, en una amenaza directa contra la libertad académica, de investigación y de expresión.
El objetivo final no es difícil de prever: neutralizar la capacidad crítica de las universidades y convertirlas en aparatos de legitimación del discurso oficial, sin posibilidad de disenso ni universalidad y menos pluralidad, lo que es contranatura de la existencia misma de las instituciones de educación superior.
Lo ocurrido en Campeche y Veracruz es el arranque del asalto a las universidades públicas para despojarlas de su papel como contrapeso democrático y degradarlas a espacios de adoctrinamiento. Y están dispuestos a hacerlo por la buena o por la mala.
Pero no hay que olvidar que primero vinieron por la UV. Y muchos no dijeron nada. Ahora van por todas.
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