Por Carlos Tercero
Los propósitos de Año Nuevo suelen repetirse con una regularidad casi ritual –ponerse a dieta, hacer ejercicio, dejar de fumar, leer más libros, ahorrar–. Aspiraciones legítimas, incluso necesarias, pero profundamente individuales. Tal vez por eso se diluyen con tanta facilidad. No transforman la forma en que convivimos ni alteran las dinámicas colectivas; apenas buscan ordenar la vida privada en un entorno común que conserva un amplio margen de oportunidad.
Si México quisiera plantearse un propósito colectivo al iniciar 2026, el desafío no estaría en los hábitos personales, sino en un cambio más profundo: transitar del individualismo arraigado hacia una práctica de corresponsabilidad social. No se trata de una consigna moral ni de una expresión políticamente correcta, sino de una condición indispensable para enfrentar problemas que, por su naturaleza, desbordan cualquier solución y cualquier buen propósito formulado desde lo individual.
El individualismo en México no es una falla ética ni una desviación cultural espontánea. Es, ante todo, una respuesta histórica que surge de la desigualdad persistente, de la fragilidad institucional y de una cultura política que durante décadas heredó la idea de que confiar en lo público era un riesgo. En ese contexto, millones aprendieron a resolver por su cuenta aquello que el Estado no garantizaba, como seguridad o servicios. Con el tiempo, esa lógica dejó de ser una estrategia de supervivencia y se convirtió en norma social.
El problema es que ese individualismo tiene costos colectivos cada vez más evidentes. Debilita la cohesión social, erosiona la confianza, normaliza el incumplimiento de reglas y vuelve inviable cualquier proyecto de largo plazo. Cuando cada quien se protege como puede, lo comunitario se percibe como una carga y no como un interés compartido. En ese entorno, la política deja de ser un espacio de deliberación y cooperación para convertirse en una arena de confrontación permanente.
Hablar de corresponsabilidad social no implica renunciar a la libertad individual ni abrazar fórmulas colectivistas, mucho menos comunistas, que anulen la autonomía; significa, más bien, asumir que las decisiones privadas tienen efectos públicos y que los bienes comunes no son una abstracción administrada desde el gobierno, sino una construcción cotidiana que exige reglas, confianza y participación. Implica entender que pagar impuestos, respetar la ley, cuidar el espacio público o involucrarse en la vida comunitaria no son gestos altruistas, sino responsabilidades sociales y, en muchos casos, obligaciones legales y morales que, más allá de otorgar estabilidad y paz social, se traducen colectivamente en bienestar.
Para que esta práctica sea viable se requieren, al menos, tres condiciones básicas. Primero, instituciones capaces de generar confianza no mediante discursos, sino a través de resultados verificables y consistentes. Segundo, una ciudadanía dispuesta a involucrarse más allá de la queja, consciente de que la crítica sin participación termina reproduciendo el mismo desgaste que se denuncia. Y tercero, liderazgos políticos que comprendan que gobernar no consiste en dividir ni en administrar agravios, sino en articular intereses y construir acuerdos duraderos.
Nada de esto ocurre de manera automática ni se decreta desde el poder. La corresponsabilidad y la vinculación social se construyen, se practican y se refuerzan cuando existen incentivos claros y sanciones creíbles, pero sobre todo cuando hay objetivos comunes. Ello exige una narrativa distinta: una que deje de exaltar la astucia individual como única vía de éxito y empiece a valorar la cooperación como un activo estratégico para el desarrollo.
El 2026 será un año preelectoral y, por tanto, clave para redefinir el vínculo entre sociedad y gobierno. En un contexto de tensiones políticas, restricciones económicas y expectativas sociales elevadas, persistir en la lógica del sálvese quien pueda solo profundizará la fragmentación. Tal vez el mejor propósito colectivo sea atrevernos a dejar de vivir como un conjunto de individuos y empezar a pensarnos, con realismo y responsabilidad, como una comunidad. Sin ese giro, cualquier intento de transformación seguirá siendo parcial, endeble y fácilmente reversible.
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