El periodista veracruzano Rafael León fue vinculado a proceso por delitos menores, luego de que la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez confirmara que no se acreditó la acusación inicial de “terrorismo”. Antes de su audiencia, León denunció hostigamiento y señaló que la fiscal “lo odia”.
La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que el juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Rafael León, conocido como “Lafita”, pero únicamente por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Reconoció que la Fiscalía no pudo acreditar el delito de terrorismo, figura que había sido utilizada en la narrativa inicial tras su detención el 24 de diciembre. En rueda de prensa, la fiscal leyó un comunicado sin permitir preguntas de la prensa, lo que fue criticado como un ejercicio de opacidad.
Jiménez subrayó que el comunicador llevará su proceso en libertad, bajo medidas cautelares como resguardo domiciliario por un año.
El periodista, especializado en nota roja en el sur de Veracruz, declaró que su caso es resultado de hostigamiento sostenido por parte de la Fiscalía debido a su trabajo crítico.
En una declaración previa a la audiencia, a la que lo llevaron esposado, afirmó: “Esta fiscal me odia”, acusando persecución política y judicial en su contra.
León señaló que la imputación busca criminalizar la labor periodística y que la acusación de terrorismo fue una estrategia para estigmatizarlo públicamente.
Organizaciones como ARTICLE 19 han documentado que el comunicador ha enfrentado carpetas de investigación reiteradas y presiones por su cobertura de violencia y crimen organizado en la región.
El caso generó polémica nacional: incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones sobre el uso del delito de terrorismo contra un periodista.
La resolución del juez y las declaraciones de la fiscal evidencian un retroceso en la narrativa oficial, pero mantienen abierto un proceso judicial que se prolongará al menos un año.
