Sin previo aviso, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) recortó los salarios a los más de 800 jueces de distrito y magistrados de circuito de carrera, cuyos cargos serán renovados hasta la elección jurisdiccional del 2027.
De acuerdo con impartidores de justicia, el OAJ descontó entre el 20 y el 23 por ciento del total a las dos quincenas del mes de diciembre, las cuales les fueron depositadas este jueves.
Entre los conceptos afectados por la reducción están la percepción ordinaria quincenal, los seguros colectivos de retiro y de separación individualizada y la prima vacacional, dijeron algunos juzgadores consultados por este diario.
El OAJ aplicó la reducción, luego de que el mes pasado Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenara eliminar por completo las suspensiones contra la reforma judicial, que impedían ajustar el salario de los juzgadores de carrera por debajo del percibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció que esta medida es violatoria de la Constitución y exigió restablecer sus remuneraciones.
«Hoy, el OAJ ha decidido reducir el salario de quienes integramos la carrera judicial y continuaremos en funciones hasta 2027. Esta medida vulnera, de manera abierta, principios constitucionales y estándares internacionales que no son un capricho gremial, sino pilares indispensables para la vigencia del Estado de derecho», dijo.
«Hoy afirmamos, de manera clara y respetuosa, que esta reducción salarial es contraria a la Constitución, contraria a la Convención Americana y contraria a los principios que sostienen la vida democrática. No nos pronunciamos en defensa de un privilegio, sino en defensa de un deber: el deber de preservar la independencia judicial como bien público irrenunciable».
«Que quede claro: defender la irreductibilidad salarial no es defender un bolsillo, es defender un principio. Y defender ese principio es, hoy, defender la justicia misma».
Agregó que lo que está en juego no es un ingreso personal, sino la arquitectura institucional que permite que cada día los jueces y magistrados puedan resolver controversias sin temer las represalias económicas derivadas de sus decisiones.
«Está en riesgo la confianza ciudadana en que los tribunales siguen siendo un lugar de equilibrio, no de obediencia», añadió.
La reforma judicial del año pasado impuso que ningún impartidor de justicia pudiera tener un salario superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asciende a 2 millones 73 mil pesos anuales.
Sin embargo, jueces y magistrados federales promovieron 550 amparos con los que obtuvieron suspensiones que ordenaron mantener sus salarios en los niveles previos.
Debido a que estas suspensiones fueron acatadas por el entonces Consejo de la Judicatura Federal, por primera vez este año los titulares de juzgados y tribunales obtuvieron un ingreso salarial mayor al de los ministros de la Corte, sus superiores jerárquicos.
Mientras que los ministros ajustaron desde enero reducir su salario a 2 millones 64 mil pesos netos anuales, los magistrados de circuito obtuvieron 2 millones 631 mil pesos y los jueces de distrito, 2 millones 153 mil.
Las medidas cautelares ocasionaron también que, desde septiembre, el Poder Judicial de la Federación quedara dividido en dos grupos de juzgadores: los que conservaron sus percepciones previas y los de elección popular, con un salario ajustado a la reforma judicial.
Tras la cancelación de las suspensiones, por parte del ministro presidente, desde el 21 de noviembre pasado todos los juzgadores federales reciben un salario menor al de la jefa del Ejecutivo Federal.
