Investiga gobierno de Veracruz presunto “cártel inmobiliario”; involucra notarios, jueces y funcionarios en despojos ilegales de viviendas y tierras

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La administración estatal de Veracruz confirmó la existencia de investigaciones en curso contra un presunto “cártel inmobiliario” que habría operado en la región de Xalapa, Coatepec y Perote, mediante prácticas irregulares de despojo de propiedades y tierras.

La gobernadora Rocío Nahle García reconoció que existen denuncias de familias afectadas por el despojo de viviendas, aun cuando contaban con documentación en regla. Señaló que el tema fue abordado en la mesa de seguridad estatal, donde solicitó una lista de notarios y jueces que estarían bajo sospecha de participar en estas irregularidades. “Hoy pedí a la mesa de seguridad una lista de aquellos notarios y jueces que hayan entrado en irregularidad”, declaró.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que el esquema de despojo alcanzó incluso al Cofre de Perote, un área natural protegida de carácter federal. Ahued explicó que se detectó la aparición de un supuesto propietario en terrenos que legalmente pertenecen a la nación, lo que exhibe la operación de un entramado que habría facilitado inscripciones irregulares en el Registro Público y en Catastro.

Las autoridades estatales señalaron que este presunto “cártel inmobiliario” estaría conformado por notarios, funcionarios del Registro Público, jueces, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y abogados, quienes habrían actuado en conjunto para consumar desalojos y transferencias fraudulentas de bienes.

Uno de los casos más recientes se registró en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, donde una familia fue desalojada de una vivienda valuada en más de ocho millones de pesos, tras una compraventa irregular por apenas 300 mil pesos. El operativo incluyó la participación de actuarios del Poder Judicial, policías y hasta un cerrajero para forzar el acceso.

El gobierno de Veracruz anunció que se presentarán denuncias penales contra quienes resulten responsables y que se reforzará la vigilancia en los procesos de inscripción de propiedades.