La Red por la Legalidad UV hizo pública una carta abierta dirigida a Martín Gerardo Aguilar Sánchez, en la cual lo acusa de usurpar la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) desde el 1 de septiembre, tras haberse prorrogado ilegalmente en el cargo que, según exponen, dejó de ostentar legítimamente el 31 de agosto de 2025.
El documento, firmado en Xalapa, exige su salida inmediata para restablecer el orden institucional de la máxima casa de estudios del estado, a unos días de la sesión del Consejo Universitario General, máximo órgano de autoridad de la UV, a quien se le exige que destituya a Martín Aguilar y disuelva la Junta de Gobierno.
La carta sostiene que Aguilar Sánchez fue advertido “desde el primer día” —por especialistas en derecho universitario, integrantes de la comunidad y exmiembros de la Junta de Gobierno— de que carecía de facultades para solicitar, obtener o ejercer una prórroga como rector. Pese a ello, afirman que decidió “no escuchar” los argumentos legales ni los reclamos universitarios.
El documento señala que Aguilar violó la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Reglamento de la Junta de Gobierno, al mantenerse en funciones sin atribuciones vigentes. De acuerdo con el texto, la decisión del rector generó una “crisis sin precedentes” dentro de la UV y arrastró consigo a la Junta de Gobierno, cuyas acciones califican como irregulares.
La Red por la Legalidad sostiene que el rector incurrió no solo en un desacato jurídico, sino también en una falta de “honestidad intelectual y ética”, al fingir desconocer lo que la legislación universitaria establece de forma inequívoca. Según la misiva, esta postura revela “menosprecio” hacia las voces de académicos, estudiantes y personal universitario que han exigido el respeto a la normatividad.
La carta destaca que Aguilar Sánchez desoyó reiteradamente llamado tras llamado de la comunidad universitaria, que se manifestó en distintas sedes de la UV para exigir su salida. También asegura que ignoró los cuestionamientos de la opinión pública, que —según la Red— calificaron su permanencia como arbitraria, autoritaria y contraria a la autonomía universitaria.
De manera tajante, el documento sostiene que Aguilar Sánchez “no es rector” y que ocupa un cargo que “ya no le pertenece”. En consecuencia, la Red por la Legalidad UV formula tres exigencias concretas:
Dejar de usurpar el cargo y las atribuciones rectorales.
Reconocer la violación cometida contra la legalidad universitaria.
Apartarse para que la UV recupere el orden institucional.
Asimismo, se advierte que el juicio histórico sobre su gestión será “contundente”, al recordarlo —afirman— no por logros académicos, sino por haber vulnerado la legalidad y la institucionalidad universitaria.
“La historia institucional será contundente al juzgarlo: usted será recordado no por logros académicos o por visión universitaria, sino por haber usado una posición de privilegio para transgredir la ley, ignorar a su comunidad y vulnerar a la Universidad Veracruzana”, acusa la Red.
No obstante, la carta concluye con un llamado a la rectificación, señalando que Aguilar aún está a tiempo de evitar que su legado quede marcado “únicamente por la arbitrariedad y la deshonestidad”.
