Desde la mañana de este lunes 24 de noviembre, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y diversas organizaciones campesinas iniciaron un megabloqueo carretero en al menos 25 estados del país.
Los cierres afectaron autopistas y vialidades federales, con el objetivo de denunciar extorsiones, robos, inseguridad y falta de atención gubernamental.
Se trata de una de las movilizaciones más amplias en los últimos años, con impacto nacional en el transporte de mercancías y movilidad ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las demandas de los transportistas “ya han sido atendidas” y llamó al diálogo.
Sin embargo, los inconformes aseguran que esas afirmaciones son “mentira” y que en lugar de soluciones han recibido amenazas desde la Secretaría de Gobernación para que levanten los bloqueos.
La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez advirtió que el gobierno no tolerará bloqueos prolongados y que se aplicarán acciones legales contra los responsables.
Afirmó que varios líderes de los bloqueos carreteros en 25 estados ya tienen carpetas de investigación abiertas relacionadas con delitos cometidos en el marco de las movilizaciones, advirtió que el gobierno no tolerará afectaciones prolongadas y que los responsables enfrentarán consecuencias legales.
Señaló que los cierres afectan la economía nacional y el derecho de libre tránsito, por lo que los líderes podrían enfrentar procesos judiciales si mantienen la protesta.
Los inconformes interpretaron estas declaraciones como amenazas directas, más orientadas a la coerción que al diálogo.
Los dirigentes de la ANTAC y representantes campesinos respondieron que no se retirarán hasta que haya compromisos claros en materia de seguridad y trámites pendientes.
Señalan que las amenazas del gobierno son una muestra de simulación y de la falta de voluntad real para atender la crisis del sector, que la protesta es legítima y que no buscan confrontación, sino garantías para trabajar sin extorsiones ni violencia.
El conflicto escaló porque Gobernación pasó del llamado al diálogo a la advertencia judicial, mientras los líderes mantienen su resistencia y denuncian que el gobierno busca coerción en lugar de soluciones reales.
