La académica y exabogada general de la Universidad Veracruzana (UV), Marisol Luna Leal, informó que presentó una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que intervenga en el caso de la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno a Martín Aguilar Sánchez como rector debido a su trascendencia nacional.
En un comunicado, Luna Leal explicó que uno de los amparos admitidos contra la prórroga fue objeto de recursos de queja por parte de la Junta de Gobierno y del propio rector, los cuales aún serán resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz.
La académica sostiene que la Junta de Gobierno de la UV carece de competencia para legislar y que, al aprobar un procedimiento especial para otorgar la prórroga, incurrió en fraude a la ley.
Denunció que el Segundo Tribunal Colegiado declaró fundado un recurso de queja de la Junta de Gobierno, bajo el argumento de que este órgano no tiene carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aplicando una jurisprudencia que considera inaplicable y desfasada.
El comunicado plantea interrogantes de alcance constitucional acerca de los límites de la autonomía universitaria frente al respeto a los derechos humanos; si las Juntas de Gobierno universitarias deben ser consideradas autoridades para efectos del juicio de amparo y la pertinencia de aplicar criterios jurisprudenciales de la 9ª época (2010) frente a las reformas constitucionales de 2011 en derechos humanos y la Ley de Amparo de 2013.
Luna Leal cuestionó que la Dirección General de Comunicación Universitaria de la UV haya difundido que un tribunal federal declaró la legalidad de la prórroga y que no había recursos jurídicos pendientes. Según la académica, esa versión es tergiversada y busca cerrar el debate público.
Marisol Luna Leal exigió que la SCJN atraiga el caso para evitar que un criterio desfasado legitime la prórroga rectoral y siente un precedente que, en sus palabras, “deteriora la vida universitaria y vulnera principios constitucionales”.
