Durante la más reciente emisión de La Clave, el abogado Juan José Llanes y el líder del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, alertaron sobre la iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que pretende eliminar la pluralidad sindical y permitir que el gobierno negocie únicamente con un sindicato por área.
La propuesta, presentada por el diputado de Morena Juan Zilli, pero cuyo borrador original iba a ser suscrito por la gobernadora Rocío Nahle, ha generado preocupación en el ámbito laboral y jurídico, al ser considerada una regresión en materia de derechos humanos y sindicales.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, calificó la iniciativa como un retroceso que busca reinstalar la sindicación única y la cláusula de exclusión, figuras ya declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte y contrarias a tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Se trata de una reforma que vulnera la libertad sindical y los derechos de los trabajadores, al imponer un esquema corporativo que niega la diversidad de representación”, señaló.
Otro punto crítico es la propuesta de trasladar el Tribunal de Conciliación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, lo que abriría la puerta a una mayor injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos. El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, advirtió que esta medida podría facilitar la desaparición de organizaciones menores y consolidar un “sindicalismo blanco” subordinado al régimen.
Mencionó que el propio Secretario del Trabajo estatal, Luis Arturo Santiago Martínez, en una reunión con representantes sindicales al inicio del sexenio, había expresado la intención de desaparecer sindicatos. “¿Para qué quieren tantos?”, les dijo en ese momento.
La reforma al artículo 118 de la ley plantea que los trabajadores no afiliados al sindicato mayoritario podrían quedar excluidos de las prestaciones derivadas de las condiciones generales de trabajo. Esto, según los especialistas, constituye una violación directa al principio de igualdad y a los derechos laborales adquiridos, además de contravenir el artículo 23 de la propia ley, que reconoce derechos definitivos tras seis meses y 30 años de servicio.
Los participantes coincidieron en que la resistencia legal, aunque necesaria, no será suficiente para frenar la iniciativa. Subrayaron la urgencia de una cohesión sindical que permita enfrentar colectivamente estas reformas, que buscan reinstalar prácticas de control político sobre los trabajadores similares al “charrismo” histórico. Más de 15 organizaciones sindicales ya se han reunido para definir acciones conjuntas en defensa de la autonomía y la libertad sindical.
La reforma propuesta no solo representa un retroceso en materia laboral, sino que viola derechos humanos, tratados internacionales y principios constitucionales. De aprobarse, consolidaría un modelo de sindicalismo subordinado al poder político, debilitando la autonomía de los trabajadores y restringiendo su capacidad de organización.
