Representantes de al menos 24 sindicatos del Poder Ejecutivo, organismos públicos descentralizados, del DIF estatal, Fiscalía, sector educativo y tecnológicos, se manifestaron en el centro de la capital del estado y desde ahí marcharon hacia el Congreso local para mostrar su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil presentada por el diputado Juan Tress Zilli, pero elaborada en palacio de gobierno.
Los sindicatos acusaron que la propuesta pretende concentrar a todas las organizaciones gremiales en una sola, vulnerando derechos adquiridos de la base trabajadora, afectando a cerca de 10 mil empleados registrados en el estado, sin contar los de Seguridad Pública, Salud y Educación.
La propuesta obliga a que las condiciones generales de trabajo solo puedan registrarse si un sindicato representa al 30 por ciento de los trabajadores protegidos, cifra que ninguno cumple, además de que contempla un artículo de exclusión que permitiría que un trabajador pierda sus derechos si es expulsado o decide abandonar un sindicato.
Denunciaron que la Secretaría del Trabajo solicitó al Tribunal de Conciliación todos los expedientes sindicales, lo que consideraron como una señal de que la reforma ya estaba dada por hecha, por lo cual amenazaron con irse al paro.
Desde el centro de Xalapa, los líderes y los trabajadores marcharon al Congreso del Estado, donde se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, quien les dijo que quien traía la “agenda de la reforma” era el secretario del Trabajo Luis Arturo Santiago Martínez, y que los diputados apenas la estaban “analizando”.
A Bautista le dejaron un oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva en el que exigieron la suspensión inmediata del proceso legislativo “hasta que se garantice la participación formal y directa de las organizaciones sindicales”, ya que proceder sin consulta constituiría “un acto de exclusión institucional que derivará en acciones legales, constitucionales y sociales para la defensa de los derechos colectivos”.
La reunión se trasladó entonces a la Secretaría de Gobierno, donde el titular, Ricardo Ahued Bardahuil, se sentó con las organizaciones sindicales a las que hizo saber que la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y la Ley Estatal del Servicio Civil todas de Veracruz -que efectivamente salió del área de Asuntos Legislativos de la dependencia- quedaría “archivada” hasta que se realicen mesas de trabajo y se escuchen propuestas de todas las organizaciones sindicales.
Por lo tanto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz continúa facultado para seguir llevando los registros sindicales hasta que hagan los proyectos con propuestas plurales de todas las organizaciones sindicales del servicio público.
