La iniciativa de Ley Estatal del Servicio Civil en Veracruz busca instaurar un modelo de sindicato único en las dependencias públicas, lo cual implicaría eliminar la pluralidad sindical y trasladar el control de registros y procesos internos de los sindicatos al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo.
La propuesta de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz ha generado fuertes críticas por su intención de concentrar el control sindical en manos del gobierno estatal. La iniciativa, presentada por el diputado morenista Juan Zilli Tress y respaldada por el gobierno de Rocío Nahle, publicada en la Gaceta Legislativa del Congreso de Veracruz el pasado 13 de noviembre, plantea que en cada entidad pública exista solo un sindicato reconocido oficialmente, eliminando la pluralidad sindical y otorgando al Ejecutivo la facultad de decidir sobre registros, modificaciones estatutarias y directivas.
Entre los puntos más relevantes:
- Traslado de facultades: El registro y control de sindicatos dejaría de estar en manos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (Poder Judicial) y pasaría a la Secretaría de Trabajo del Estado, subordinada al Ejecutivo.
- Sindicato único: El artículo 109 reformado establece que “dentro de cada entidad pública solo habrá un sindicato”, y en caso de competencia, el gobierno otorgará el registro al grupo mayoritario.
- Re-registro obligatorio: Los sindicatos ya existentes deberán someterse a un proceso de “adecuación” de estatutos y actualización de padrones en un plazo de seis meses. Solo tras cumplir con estos requisitos recibirán una nueva constancia de registro, lo que abre la puerta a que el gobierno niegue la continuidad de sindicatos incómodos.
- Control de elecciones internas: La Secretaría de Trabajo tendría facultades para verificar y certificar los procesos electorales de las directivas sindicales. Incluso podría ordenar recuentos o repetir elecciones si considera que no hubo suficiente democracia interna.
- Problemas de constitucionalidad: Expertos señalan que la reforma es violatoria del derecho humano a la libertad sindical y de los convenios 87 y 98 de la OIT. Además, podría ser impugnada vía amparo ante el Poder Judicial Federal.
La iniciativa pretende una consolidación del control gubernamental, ya que el Ejecutivo se convierte en árbitro y juez de la vida sindical. Provoca además el debilitamiento de la autonomía sindical, pues los trabajadores pierden capacidad de organización independiente. Asimismo, se favorece a sindicatos mayoritarios alineados con el gobierno, como la CATEM, mientras se margina a los minoritarios.
La reforma, adicionalmente, podría enfrentar una ola de amparos por violar derechos constitucionales y tratados internacionales.
La iniciativa confirma la intención del gobierno de Rocío Nahle de instaurar un sindicalismo subordinado al poder político, en contraste con la pluralidad que históricamente defendió la izquierda.
