Por Carlos Tercero
Aunque a menudo se confunden, gobernabilidad y gobernanza no son lo mismo; la primera alude a la capacidad de un gobierno para mantener el orden, tomar decisiones y lograr que se cumplan, mientras que la segunda, describe la manera en que distintos actores –no solo el Estado, sino también la sociedad civil, las empresas e incluso la comunidad internacional– participan en la toma de decisiones que afectan lo público. Continuando con el análisis de la evolución política en la era digital, este aspecto resulta decisivo, pues los grandes desafíos tecnológicos rebasan la acción de un solo poder. En este contexto, la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo rápidamente en un tema político central.
No se trata únicamente de admirar los avances tecnológicos ni de celebrar la velocidad con que las máquinas aprenden, sino de entender quién decide, con qué propósitos y bajo qué valores se diseñan y aplican los algoritmos que cada día intervienen más en la vida cotidiana. La IA ya no es un asunto del futuro; modula las búsquedas en internet, clasifica a los aspirantes a un empleo, sugiere sentencias judiciales, asigna créditos, vigila espacios públicos y hasta predice comportamientos sociales. Frente a ese poder, la pregunta política esencial es quién gobierna a las máquinas que aprenden.
De tres años a hoy, este debate global ha crecido aceleradamente. Europa avanza hacia la aprobación de la llamada AI Act, primer intento de regulación integral que establece obligaciones de transparencia, control de riesgos y sanciones por el mal uso de sistemas autónomos. En Estados Unidos, organismos públicos y universidades discuten la ética de los algoritmos y la responsabilidad civil por los daños causados por modelos generativos. China impulsa su propio marco de control estatal de la IA. En todos los casos, el común denominador es el reconocimiento de que la inteligencia artificial debe ser gobernada con criterios públicos, no solo guiada por la lógica del mercado o la eficiencia técnica.
En México el tema comienza a ganar visibilidad y pronto se deberá contar con una estrategia definida, pues diversas dependencias públicas ya utilizan herramientas de IA en trámites, vigilancia o gestión administrativa, y muchas empresas privadas lo hacen en reclutamiento, marketing o análisis de datos; sin embargo, todo ello ocurre en un vacío normativo, pues no existe una política pública que establezca principios claros de transparencia, equidad y rendición de cuentas. La innovación sin control no es sinónimo de progreso; puede ser, más bien, una nueva forma de desigualdad estructural.
Un caso reciente que ofrece una perspectiva alentadora es el desarrollo de I’AM, la primera plataforma de inteligencia artificial mexicana, creada por IAMEX con infraestructura y talento nacionales. Su diseño busca garantizar la soberanía tecnológica y la protección de datos mediante servidores locales, además de promover la democratización del acceso a la IA y fortalecer la identidad digital del país. Este tipo de iniciativas marcan el inicio de una ruta propia hacia la autonomía digital y evidencian que la gobernanza de la IA no debe limitarse a regular, sino también a fomentar la innovación con sentido social.
Gobernar la inteligencia artificial implica poner a la persona en el centro del desarrollo tecnológico. No basta con regular lo técnico; se requiere una visión política capaz de asegurar que cada avance responda a valores democráticos y al interés colectivo. Transparencia algorítmica, ética digital y soberanía de los datos son los pilares de un modelo que podría orientar la acción en este campo. Transparencia significa que los sistemas sean comprensibles y auditables; ética, que las decisiones automatizadas respeten derechos humanos y eviten la discriminación; soberanía, que los datos personales y el conocimiento tecnológico no queden subordinados a corporaciones extranjeras.
A ello debe sumarse la construcción de capacidades institucionales: reguladores con formación técnica, auditorías independientes, tribunales capaces de entender el impacto de las decisiones algorítmicas, y políticas educativas que preparen tanto a los servidores públicos como a la sociedad civil para vigilar y comprender estas herramientas. La IA puede ser una herramienta de progreso o un nuevo instrumento de exclusión. La diferencia dependerá, en mucho, de su vinculación con la gobernanza.
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