Luego de darse a conocer que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría obtener su libertad anticipada este próximo 12 de noviembre, luego de solicitarla a un juez, la asociación civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, recordó éste se encuentra señalado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer crímenes de “lesa humanidad”, en particular desaparición forzada.
El organismo puntualizó que a pesar de las innumerables denuncias de las familias sobre los casos de desaparición cometidos en el sexenio de Duarte, “el Estado mexicano no ha realizado investigaciones diligentes”.
En el informe elaborado por Idheas, el Colectivo “Solecito” y la FIDH sobre los crímenes cometidos por Duarte, apuntan que la violencia y la comisión del delito de desapariciones forzadas en Veracruz tuvo un auge entre 2010 y 2016, cuando el estado fue gobernado por Javier Duarte de Ochoa y periodo durante el cual ocurren los 22 casos descritos en este informe.
“El ex gobernador fue detenido en 2016 y se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de 9 años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y recibió una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Durante su gobierno, autoridades estatales fueron acusadas de cometer numerosos crímenes y violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, se ha documentado durante este periodo una situación de colusión entre el crimen organizado y funcionarios estatales, muchos de los cuales han sido imputados por el delito de corrupción o enriquecimiento ilícito”, aseveran.
Concluyeron que la forma en que ocurrieron los hechos documentados en el estado de Veracruz, específicamente en los municipios colindantes de Veracruz y La Antigua, entre noviembre de 2012 y julio de 2016, en los cuales “se cometieron 22 desapariciones como parte de un ataque sistemático contra una población civil de hombres habitantes de esas localidades”, permite considerar que en ese período se habrían cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, en concreto crímenes de lesa humanidad.
“Dichos crímenes fueron cometidos por autoridades estatales de Veracruz, incluyendo las Policías Estatal y Ministerial, a veces actuando junto a otras autoridades estatales federales y/o el crimen organizado, durante el mandato del exgobernador Duarte de Ochoa”, sentencian las organizaciones firmantes del informe.
Asimismo, consideran que la Fiscalía de la CPI “podría abrir un examen preliminar sobre México respecto de los hechos ocurridos en Veracruz, además de los hechos previamente documentados por la FIDH junto a otras organizaciones, sobre los cuales también existe una base razonable para concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.
“Tras la detención de Duarte de Ochoa en 2016, algunos funcionarios del estado de Veracruz fueron imputados por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la impunidad sigue: no se han realizado investigaciones que profundicen en la existencia del contexto sistemático de los crímenes cometidos entre 2010 y 2016, y a la fecha ninguno de los altos mandos de la Policía Estatal o la Gobernación de Veracruz han llegado a la etapa de juicio por el delito de desaparición forzada o conductas relacionadas. A su vez, cientos de cuerpos de las fosas Colinas de Santa Fe y El Arbolillo siguen sin identificar, por lo cual Solecito y otros colectivos de familiares continúan las búsquedas y siguen exigiendo justicia.”
