Por Carlos Tercero
La revolución tecnológica y la digitalización que caracterizan a nuestra época han impulsado transformaciones profundas en todas las áreas del conocimiento, incluida la teoría política, que hoy atraviesa por una redefinición necesaria para adecuarse a su tiempo. Desde sus orígenes, la reflexión política ha buscado comprender los espacios donde se ejerce el poder y se construye lo común: la polis griega, el Estado moderno, la esfera pública. Hoy, sin embargo, esos dominios tangibles han dado paso a territorios invisibles –servidores, plataformas y sistemas algorítmicos– que median la interacción humana. La digitalización no solo modifica cómo se ejerce el poder o se configura la ciudadanía, sino que transforma la manera misma de concebir lo político.
En México, esta transformación se manifiesta en la forma en que se estructura la participación política, se comunica el gobierno y se configura la opinión pública. Las redes sociales y plataformas digitales actúan como una extensión del ágora, pero también como su distorsión, un escenario donde la inmediatez, la desinformación y la manipulación emocional compiten con el juicio reflexivo. La polarización digital, potenciada por algoritmos de recomendación, fragmenta la conversación y debilita la confianza institucional, mientras la política se mide cada vez más por tendencias, interacciones y métricas que privilegian la visibilidad sobre la legitimidad, la velocidad sobre la reflexión.
Ante este panorama, la teoría política no puede limitarse a describir los fenómenos; necesita proponer nuevos marcos para pensar el poder, la libertad y la responsabilidad en un mundo dominado por datos. Así como la modernidad definió la soberanía frente al absolutismo, hoy resulta indispensable formular una noción de soberanía digital que garantice la capacidad ciudadana de comprender y decidir sobre los sistemas tecnológicos que estructuran la vida cotidiana. Esa comprensión no es un privilegio intelectual, sino un derecho democrático, pues de ella depende el control social sobre la información y la transparencia en su uso.
La tecnología, entendida como recurso político, tiene un doble rostro. Puede fortalecer la democracia si se orienta hacia la deliberación, la apertura y la inclusión, pero también puede convertirse en un instrumento de vigilancia, manipulación o concentración de poder. El desafío consiste en recuperar la centralidad del juicio humano en un entorno que privilegia el automatismo de los datos masivos. Si no se establecen mecanismos de control y supervisión democráticos, la tecnología puede reproducir sesgos, excluir voces, confundir y crear círculos cerrados de influencia que debiliten la vida pública.
La reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ilustra ese dilema. Las autoridades han insistido en que la nueva ley “ni espía ni censura”, pero el debate de fondo gira en torno a cómo proteger la privacidad, garantizar la rendición de cuentas y asegurar la transparencia frente a quienes administran las infraestructuras digitales. Más allá de la letra legal, lo que está en juego es la preservación de un espacio público abierto, confiable y orientado al bien común.
Frente a ello, la teoría política contemporánea debe contribuir a definir principios para una convivencia digital democrática y fomentar una ética cívica del algoritmo que establezca límites a los metadatos como fuente de verdad. Los canales digitales ofrecen nuevas oportunidades de interlocución directa entre ciudadanía y gobierno, siempre que se integren con procesos deliberativos genuinos y con estructuras capaces de traducir las demandas sociales en decisiones colectivas, fortaleciendo al mismo tiempo la legitimidad institucional.
Preservar el diálogo y la deliberación como esencia de la política en la era digital exige equilibrio entre técnica y ética. No se trata de resistir la tecnología, sino de humanizarla; de diseñar sistemas con vocación democrática, impulsar una ciudadanía de pensamiento libre y crítico, así como consolidar instituciones que protejan tanto los derechos individuales como el bienestar colectivo.
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