Por Miguel Casillas
Como casi siempre sucede, la justicia en México es una burla. El sistema y sus integrantes están al servicio de los poderosos; con frecuencia desprecian a los ciudadanos y los dejan a merced de muchas arbitrariedades.
Cinco solicitudes de amparo que formularon integrantes de la comunidad en contra de la imposición de la arbitraria prórroga en la rectoría de la Universidad han sido desechadas.
Como explican Cuevas, Romero y Ramírez, “la resolución dictada el 30 de octubre de 2025, no resolvió el fondo del juicio de amparo promovido”. En efecto, la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no avaló la prórroga del rectorado, no analizó las violaciones a derechos humanos que se reclaman en las solicitudes de amparo, no atendió a las diversas violaciones a la normatividad universitaria, no consideró las atribuciones que la junta de gobierno se adjudicó de manera arbitraria. Su decisión se sustentó únicamente en el criterio de considerar a la Junta de Gobierno como una instancia no revisable, en virtud de la autonomía universitaria. Evidentemente, los magistrados se lavaron las manos y eludieron respaldar a los universitarios en su sed de justicia, se declararon incapaces de defender las leyes de la Universidad, de respaldar a su comunidad indignada.
Como sostiene nuestra colega Marisol Luna, el Tribunal Colegiado debió declarar infundadas las quejas interpuestas por la Junta de Gobierno y el rector espurio, y en consecuencia ratificar la admisión del amparo que en su momento realizó la Juez del Juzgado de Distrito. Hecho lo anterior, el tema hubiera regresado al juzgado de distrito en Xalapa para celebrar la audiencia constitucional y ahí sí se hubiera entrado al fondo del asunto, es decir, analizar y determinar sobre los diversos agravios que se presentaron en los escritos de demanda. Sin embargo, no fue así y el Tribunal Colegiado canceló la vía jurídica para el reclamo universitario.
El Tribunal Colegiado dejó en el desamparo a los universitarios: la comunidad universitaria está en estado de indefensión frente a la imposición y el abuso de un tirano; frente a una Junta de Gobierno que se atribuye competencias por fuera de las reglas, que viola sistemáticamente las leyes y desprecia su propio Reglamento interno; frente a un grupo de interés que se apropia de una institución pública actuando de manera arbitraria e ilegal.
Como si no vivieran en Veracruz y no escucharan el clamor generalizado en contra de la prórroga en la UV, los magistrados han despreciado a la opinión pública veracruzana, han ignorado el reclamo de decenas de ex integrantes de la Junta de Gobierno, de cuatro exrectores, de los más prestigiados profesores de la Universidad, de decenas de abogados y juristas, de miles de profesores y estudiantes que en todas las facultades levantan la voz contra la prórroga ilegal e ilegítima. Lo más grave es que, pretextando la autonomía de la Universidad, paradójicamente fueron incapaces de hacer valer la propia Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y otros ordenamientos legales. Si no son los jueces y magistrados quienes respaldan el cumplimiento del orden legal universitario, ¿quién tiene la autoridad legítima para frenar un abuso y un atropello como el que ocurre en la Universidad?
Evidentemente, nunca los movimientos universitarios en nuestro país han necesitado del aval de los ministros y jueces para lograr sus conquistas de dignidad y justicia. Los amparos fueron una solicitud al poder judicial para que coadyuvara al restablecimiento del orden legal en la Universidad y dicha solicitud fue ignorada. Sin embargo, los universitarios siguen luchando por lo mismo desde hace meses, por el respeto a las leyes y a las prácticas institucionalizadas que ordenan la renovación periódica de la rectoría.
El movimiento universitario que rechaza la prórroga es muy amplio y diverso, lo constituyen estudiantes, profesores y trabajadores, jubilados y egresados que, indignados frente al abuso y el atropello, defienden a su institución. La lucha sigue. #prorrogaNO.
