Se avanza contra la extorsión
Por Javier Solórzano Zinser
No se dio del todo el debate sobre la reforma antiextorsión. Sin embargo, prevalecieron los consensos, porque hay una conciencia general que, suponemos, pasa por el Legislativo, de que la extorsión es uno de los delitos que más laceran a los ciudadanos.
Con matices, se aplicó la maquinaria de no cambiar ni una coma, pero son muchas las experiencias en el país en materia de extorsión para no escuchar los legisladores, los cuales, en algunos casos, han vivido en carne propia el delito.
Se podrá estar de acuerdo o no con algunos argumentos sobre cómo diseñar la reforma, pero en el fondo no hay manera de entrar en terrenos en que se alargue la posibilidad de tener instrumentos para enfrentar el delito que más ha crecido en nuestra sociedad, la extorsión.
Es cierto que en el diseño no se contempla un presupuesto que responda a las necesidades y que le dé dientes a la ley para enfrentar el problema. Estará en el debate de la semana que entra sobre el presupuesto la posibilidad de que los legisladores cambien algunas de las propuestas económicas para dirigirlas a la reforma. Como fuere, se está echando a andar un estratégico instrumento que podría atemperar en algo la pesadilla.
Con los cambios legales que se lograron para atacar el secuestro se tuvieron grandes avances. Disminuyó la tasa del delito, porque el marco legal estableció penas en todos los órdenes de mayor dimensión contra los secuestradores. No hay leyes que sean una panacea, pero si algo pueden hacer es disminuir los delitos.
Las leyes per se no garantizan nada. Por más buenos instrumentos legales que se tengan, si no van aparejadas por elementos que permitan su aplicación, el avance acaba siendo nulo y los delincuentes acaban entendiendo que pueden seguir en sus “actividades” sin que les detengan.
Obvio que el asunto no se remite sólo a las leyes. El problema también pasa por los aparatos de justicia, particularmente por el Ministerio Público. De manera paralela, la relación que guardan algunas autoridades con los extorsionadores y secuestradores agudiza aún más el problema.
Como se sabe, en muchas ocasiones es la propia autoridad la que desalienta a los ciudadanos a denunciar lo que padecen. Bajo la cantaleta de “mejor ni se meta, porque saben muy bien donde vive y conocen todos sus movimientos y a sus familiares”, los policías, incluso en algunos casos la guardia civil, lo que buscan es que se pase la página lo más pronto posible, porque en un buen número de casos son parte de la cadena delictiva.
La extorsión se ha convertido en un delito común, porque no necesariamente lo llevan a cabo las grandes bandas de la delincuencia organizada. Han proliferado pequeños grupos de extorsionadores que se asumen como partícipes de los cárteles sin serlo.
Esto ha agudizado aún más el problema debido a que se diversifica y no queda claro en dónde quedan los objetivos. El delito por elementos como éste ha crecido de manera significativa. Cualquier aprendiz de delincuente puede acercarse a un comercio o hacer una llamada para extorsionar. No hay manera de saber quién está realmente detrás.
La extorsión se ha convertido en un delito que se ha enquistado. Por lo mismo, atacarlo desde el marco legal, al mismo tiempo que llevar a cabo una reforma integral que incluya a los aparatos de justicia, a los investigadores y Ministerios Públicos, policías, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas en su conjunto, podría atenuar mucho lo que está pasando.
La reforma contra la extorsión debe abrir un camino de defensa para los ciudadanos. Están dadas las bases para atacar el problema. Ahora viene la instrumentación, la cual, a menudo, es un auténtico dolor de cabeza.
RESQUICIOS.
Fue detenido Leonardo Arturo “N”, El Carnal, exdirector de la policía estatal de Tabasco, y, se asegura, un lugarteniente del CJNG. El personaje ejerció sus actividades en tiempos en que el multicitado senador era gobernador del estado. Suponemos que la cadena no termina ahí.
