Revocación de mandato: el tiro por la culata
Por Aurelio Contreras Moreno
La figura de la revocación de mandato fue presentada e impulsada por Andrés Manuel López Obrador como una de las grandes conquistas democráticas de la “cuarta transformación”. Un mecanismo para que el pueblo “ponga o quite” a sus gobernantes, en ejercicio directo de su soberanía.
Para ello, se reformó la Constitución federal, se legisló su reglamentación y en 2022 se realizó la primera consulta nacional, aplicada a él mismo, aunque con resultados más que cuestionables por su diseño –su verdadera intención era sustentar una intentona de extensión de mandato con una “revocación” empujada desde el poder, no desde la ciudadanía- y ejecución que, al final, no tuvo efecto legal alguno, pues no se alcanzó el requisito mínimo de votación para que el ejercicio fuese vinculante.
Pero la figura legal quedó ahí, establecida en la Constitución de la República y, para no desentonar ni contrariar los deseos y ejemplo del “patriarca”, se incluyó en la legislación de varias entidades federativas, principalmente las controladas por Morena.
En Veracruz, la revocación de mandato fue incorporada a la Constitución local desde 2021 y establece que las personas titulares del Poder Ejecutivo estatal podrán ser sometidas a revocación de mandato a mitad de su periodo. Sin embargo, hasta la fecha no existe una ley reglamentaria que permita su aplicación efectiva. El Congreso local, dominado por el partido oficial, ha postergado sistemáticamente su discusión, sabedor de que la popularidad de los mandatarios estatales no suele ser la más alta. Y ahora, con Rocío Nahle en el poder, la negativa se ha vuelto explícita. La razón se encuentra en sus ínfimos niveles de aceptación entre la población desde antes de las recientes inundaciones en el norte del estado. Cuando se hagan las nuevas mediciones, seguramente aparecerá en el fondo de los rankings de gobernadores por el pésimo manejo, antes y después, de la emergencia.
Por eso es que la gobernadora ha descalificado feroz y abiertamente la recolección de firmas ciudadanas que desde hace unos días busca presionar al Congreso local para legislar la revocación. Fiel a su estilo confrontativo e iracundo, en lugar de reconocer el derecho constitucional que asiste a la ciudadanía de aplicar esta figura legal –colocada en la ley, y no hay que dejar de señalarlo, por el régimen al que pertenece-, optó por el insulto, llamando “carroñeros” a quienes promueven el mecanismo. “Ahí que se entretengan”, dijo con desdén, como si el ejercicio de un derecho democrático fuera una mera frivolidad.
Este rechazo a someterse a una validación ciudadana de su desempeño revela una contradicción profunda: el instrumento que fue bandera de la llamada “4t” y de la aparente democracia participativa que defiende en el discurso, se vuelve incómodo, hasta letal, cuando amenaza el poder real. La revocación de mandato, en teoría, empodera a la ciudadanía. En la práctica, se convierte en un tabú cuando se pretende usar contra quienes se asumen como encarnación del pueblo, pero sin hacer caso de lo que éste dice.
Baste escuchar a Rocío Nahle exclamar sobre sí misma que “a Veracruz se le respeta. Este pueblo merece respeto y su gobernante también. Veracruz no es carne para la carroña. Así se los dejo”. Nomás le faltó decir “Veracruz soy yo”.
La omisión legislativa en el estado es fundamentalmente política y representa una violación abierta a lo que establece la Constitución al no emitir la ley reglamentaria 180 días después de su entrada en vigor, plazo que venció hace tres años. Aunque con todo y ello, sí hay una ruta para solicitar la aplicación del mecanismo.
Existe un reglamento aprobado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) que establece que en caso de que la ciudadanía lo solicite, la revocación de mandato puede consultarse a la mitad del periodo de gobierno, que en este caso sería a partir del 1 de diciembre de 2027. Y define todas las etapas por las que tendría que transcurrir el proceso, engorroso, complejo y casi imposible de sacar adelante por la ciudadanía si no se cuenta con un aparato político que lo opere. Pero la posibilidad, ahí está.
La resistencia del poder a ser evaluado, fiscalizado, criticado y en su caso revocado demuestra que la supuesta “transformación” no es más que el mismo sistema vertical, autoritario y alérgico al control social de siempre. Y que cuando se siente en riesgo, reacciona de manera violenta, antidemocrática y autoritaria.
Dice la gobernadora Rocío Nahle que fue elegida democráticamente —habría mucho que cuestionar al respecto— hasta 2030 y que merece respeto.
Bueno, los veracruzanos también.
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