La Red UV por la Legalidad expresó su respaldo total a las y los estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) que, entre el 15 y el 17 de octubre, realizaron diversas manifestaciones en solidaridad con las víctimas del desbordamiento del río Cazones, ocurrido el pasado 10 de octubre en la zona norte del estado, tragedia que dejó múltiples afectaciones y cobró la vida de Diana Jael Cuervo Santos, estudiante de quinto semestre de Psicología en la región Poza Rica-Tuxpan.
La organización universitaria denunció que la emergencia evidenció la falta de protocolos adecuados de gestión de riesgos y comunicación institucional por parte de quienes actualmente ostentan la administración de la UV. Según el pronunciamiento, la comunidad universitaria no recibió alertas oportunas que permitieran resguardarse en lugares seguros, lo que derivó en consecuencias fatales.
El punto culminante de la movilización fue la megamarcha del 17 de octubre, realizada simultáneamente en cuatro regiones universitarias: Orizaba, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. La jornada reunió a más de nueve mil personas, entre estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores universitarios y sociedad civil. En la capital del estado, cerca de cinco mil manifestantes marcharon de forma pacífica y ordenada hasta la Rectoría de la UV.
Al llegar al edificio A de Rectoría, el estudiantado fue recibido de manera hostil por una comisión encabezada por Jaqueline Jonguitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional; Arturo Aguilar Ye, secretario Académico; Mónica Victoria Ruiz Balcázar, abogada general; Yolanda Francisca González Molohua, directora del Área Académica de Humanidades; Julia Norma Trujillo Báez, directora de Comunicación Universitaria; y Francisco Escudero Maldonado, director de Asuntos Jurídicos.
Videos difundidos en redes sociales muestran a Jonguitud, Aguilar Ye y Escudero Maldonado cerrando violentamente la puerta de acceso al edificio, lo que provocó lesiones en la mano de una joven universitaria. Aguilar Ye intentó salir del recinto con aparente intención de agredir físicamente a los manifestantes, mientras Trujillo Báez grababa a los estudiantes, pese a que estos habían solicitado resguardar su anonimato por temor a represalias. La tensión se disipó únicamente tras la intervención de una observadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Dentro del edificio también se encontraban otros funcionarios universitarios, señalados como cómplices del atropello: Luis Arturo Vázquez Honorato, Arturo Serrano Solís, Roberto Zenteno Cuevas, Juan Carlos Ortega Guerrero y Gabriela María Austria Pineda.
Ante estos hechos, la Red UV por la Legalidad manifestó:
- Su rechazo a la indiferencia, falta de respeto y ausencia de diálogo hacia el estudiantado por parte de quienes se ostentan ilegalmente como autoridades universitarias, encabezadas por Martín Aguilar Sánchez.
- Su desaprobación a las agresiones físicas y verbales cometidas el 17 de octubre, especialmente por Jaqueline Jonguitud y Arturo Aguilar Ye, quienes —según el comunicado— antepusieron intereses personales bajo el argumento fallido de proteger el espacio público.
- Su preocupación por los daños sufridos por la comunidad universitaria y sus familias en la región Poza Rica-Tuxpan.
La Red reiteró su llamado urgente al restablecimiento de la legalidad y gobernabilidad en la Universidad Veracruzana, con base en principios éticos, de responsabilidad, transparencia y respeto a la comunidad. Exigió que Martín Aguilar deje de ostentarse como rector y que la actual Junta de Gobierno sea sustituida por una instancia de probada ética y compromiso con la legalidad.
Finalmente, demandó la destitución inmediata de Jaqueline Jonguitud y Arturo Aguilar de los cargos que ocupan, por sus actitudes prepotentes y agresivas contra la comunidad universitaria.
