Con 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría legislativa encabezada por Morena en la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones fiscales que implican aumentos significativos en impuestos y derechos para el ejercicio fiscal 2026.
Aunque el gobierno federal ha insistido en que no habrá una reforma fiscal durante el sexenio, en los hechos se ha autorizado una “ola de impuestos” que impactará directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
Entre los cambios más relevantes está el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que afectará productos de consumo popular como refrescos, cigarros y videojuegos con “contenido violento”. También se aplicarán nuevos cobros a productos médicos como los sueros orales y se elevarán las tarifas de diversos servicios prestados por el Estado, incluyendo trámites migratorios, licencias aeronáuticas, inspecciones financieras y entradas a museos y zonas arqueológicas.
Uno de los casos más polémicos es el cobro de 294 pesos por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que anteriormente era gratuito. Además, los permisos de residencia temporal aumentarán hasta un 109 por ciento, alcanzando los 25 mil pesos en el caso de autorizaciones por cuatro años.
La bancada del PAN advirtió que estas medidas buscan recaudar hasta 271 mil millones de pesos adicionales, aunque consideran que esta cifra es insuficiente frente a las necesidades reales del país. “Con estas migajas que están construyendo de una parte y de otra, solamente se lograrán dar 271 mil millones de pesos”, señaló el diputado Jericó Abramo.
Por su parte, la diputada panista Noemí Luna criticó que se aumenten los cobros sin que exista una mejora proporcional en los servicios públicos. “Aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza; crean cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin internet”, reclamó.
Desde Morena, la diputada Alma Delia Navarrete defendió las modificaciones como una herramienta para “fortalecer la capacidad del Estado y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”.
La iniciativa aún debe ser ratificada por el Senado, pero de aprobarse, entrará en vigor en 2026 y marcará un aumento generalizado en el costo de vida para millones de mexicanos.
