El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular, vía “fast track”, las reformas a la Ley de Amparo, luego de recibir la minuta de la Cámara de Diputados.
En lo general, fue avalada con 83 votos a favor de la mayoría de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México y 38 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La Cámara alta eliminó del procedimiento la discusión en Comisiones y la llevó directo al Pleno, luego de que se aprobara la dispensa de los trámites, al considerarse de urgente resolución con 81 votos a favor, 31 en contra y cero abstenciones.
Además, con 81 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, fue aprobada la modificación realizada por su colegisladora al artículo tercero transitorio para que la reforma a la Ley de Amparo aplique a etapas pendientes de resolver en los asuntos que siguen en curso.
Así, la reforma será enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); una vez publicada, entrará en vigor un día después, salvo que se establezca una fecha diferente.
En tribuna, los legisladores del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez y Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, cuestionaron el procedimiento.
A lo largo del debate se dieron posicionamientos encontrados entre los grupos parlamentarios y argumentos polarizados sobre la naturaleza y alcances de las modificaciones legislativas.
Sin embargo, esta votación fue precedida por una moción suspensiva del senador Clemente Castañeda Hoeflich, quien presentó argumentos sobre la regresividad de la reforma, la cual fue desechada por la Asamblea sin que se admitiera a debate.
La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, enfatizó que la reforma restringe significativamente el alcance del interés legítimo, argumentando que menos personas y colectivos, sobre todo los más pobres y vulnerables podrán promover amparos y serán admitidos mucho menos.
Viggiano cuestionó, además, la verdadera intención detrás de la reforma, sugiriendo que existe un propósito fiscal relacionado con cobros de créditos pendientes contra microempresas y pequeños comercios.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, de Acción Nacional, presentó una crítica que trasciende la reforma específica, argumentando que “durante estos siete años este régimen ha construido pieza por pieza un andamiaje para transformar a México en un país autoritario. Esa es la cuarta transformación”.
Martínez Simón enumeró la desaparición del INAI, la Cofece y el IFT, sosteniendo que la reforma al amparo representa el cierre del ciclo de debilitamiento institucional.
El conflicto central del debate giró en torno a dos concepciones antagónicas del amparo.
Para la oposición, se trata de un instrumento de defensa ciudadana contra abusos gubernamentales que está siendo deliberadamente debilitado. Para la mayoría de Morena y sus aliados, el amparo ha sido secuestrado históricamente por poderes económicos y delincuentes para evadir la ley, y la reforma lo rescata para la ciudadanía común.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, realizó un movimiento parlamentario inusual al retar públicamente a los senadores morenistas a firmar una acción de inconstitucionalidad si tenían tanta certeza sobre la legalidad de la reforma.
“Faltan tres firmas para que presentemos una acción de inconstitucionalidad. ¿Le entran?”, preguntó directamente, dirigiéndose a los senadores Inzunza y Huerta Ladrón de Guevara. El reto no fue aceptado, lo que interpretaron algunos como una admisión implícita de dudas sobre la solidez jurídica de la medida.
Anaya Mota señaló además la paradoja de citar jurisprudencia de “la Corte que extinguieron”, cuestionando cómo una Corte eliminada puede ser referencias de legitimidad para el transitorio. El argumento resonó en el hemiciclo, pero no fue respondido sustantivamente por los defensores de la reforma.
En su intervención, el senador Javier Corral Jurado, de Morena, insistió en que el rechazo de la oposición a la reforma a la Ley de Amparo se debe a un interés político, al señalar que se realizaron 15 modificaciones al dictamen y que no se ha aprobado tal cual su redacción original.
Además, señaló que la modificación al artículo tercero transitorio, aprobada en la Cámara de Diputados, “atajó” la redacción original sobre retroactividad.
