Este martes, Maribel Márquez acudió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para presentar una demanda –que quedó radicada bajo el número 1123/2025-I- exigiendo su reinstalación como empleada del Ayuntamiento de Chicontepec y la reparación del daño.
Fue despedida tras 26 años de servicio en el Ayuntamiento de Chicontepec, sin pruebas, sin proceso y sin explicación coherente, luego de ser acusada de haber difundido imágenes de un altar instalado por la propia autoridad municipal, en el que se colocó una figura de Jesús Malverde, personaje popularmente vinculado al narcotráfico, junto con los nombres de magistrados electorales federales que decidirán sobre una impugnación presentada por la hermana del actual alcalde, la excandidata del Partido Verde Aristea Fernández de la Cruz.
Su abogado defensor, Juan José Llanes, manifestó que “a Maribel la acusó falazmente el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, donde trabajaba, de haber visibilizado y expuesto un altar en donde -a la vista de todos, empleados y ciudadanos- la propia entidad pública decidió colocar en un lugar destacado una pequeña figura de Jesús Malverde, “santo” asociado al narcotráfico, y en un papel, también ahí, el nombre de los magistrados federales que resolverán en definitiva si al actual alcalde lo releva o no su hermana”.
Sostuvo que “Maribel nada hizo: ningún video tomó con su celular y nada compartió en redes sociales; pero la sospecha de las autoridades municipales les condujo a despedirla del empleo que desempeñó por más de 26 años. Antes de eso, la violentaron, la quitaron su teléfono, lo revisaron, buscaron un rastro que demostrara que ella había cometido los actos de los que se le acusó, y nada encontraron”.
A pesar de eso, “le ordenaron que firmara un ‘acta’ en la que se le imputaban (y ella ‘admitía’) ‘faltas’ imaginarias, y al no poder doblegarla, la corrieron y la amenazaron”.
El Ayuntamiento –encabezado por el alcalde morenista Armando Fernández de la Cruz– “no se ha tomado la molestia de explicar por qué decidió rendirle culto público (en un estado laico) a un ‘santo’ que, aunque sea informalmente, venera el crimen organizado”. Tampoco se ha dicho cosa alguna en torno al porqué se comete la grosería de poner nombres de personas vivas (magistrados federales) en un altar dedicado a los muertos. Ninguna explicación se ha aportado en torno del porqué se ofende de tal forma a una comunidad (la Huasteca) que se esfuerza por preservar las tradiciones del Xantolo”, enfatizó Llanes.
El abogado destacó que su defendida “también decide demandar para intentar defender, de paso, la tradición de los Días de los Fieles Difuntos, tan arraigada en su tierra, y que -por lo visto- un ayuntamiento pretende sustituir por el culto al narcotráfico, previo ‘hechizo’ al Poder Judicial Federal para que complazca sus deseos de perpetuación en el poder vía el nepotismo”.
