El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) reveló un presunto daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Las irregularidades alcanzan a 41 entes estatales, 174 municipios y ocho entidades paramunicipales, según el informe presentado por la auditora general Delia González Cobos ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
Entre los entes estatales: Se detectaron anomalías por 830 millones 868 mil pesos, destacando cinco dependencias clave:
-Secretaría de Educación de Veracruz (SEV): $10.7 millones
-Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP): $27.7 millones
-Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): $4.2 millones
-Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA): $4.7 millones
-Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARPA): $15.1 millones
Por cuanto hace a los organismos públicos descentralizados, éstos acumulan un presunto daño por 766 millones 765 mil pesos, incluyendo obras como:
-El “Aquarium” del Puerto de Veracruz
-La remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente
-El complejo deportivo Nido del Halcón, con una inversión de 880 millones de pesos
La Universidad Veracruzana reporta un presunto daño por 1.4 millones de pesos, además de observaciones administrativas.
En el caso de los municipios, 174 presentan irregularidades por mil 537 millones de pesos, siendo 171 los que acumulan daño patrimonial directo.
Las entidades paramunicipales como las comisiones de agua potable de Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec y Lerdo de Tejada, así como el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) y el sistema SIGIRES, suman 4.4 millones de pesos en observaciones.
El Orfis realizó mil 396 auditorías a 310 entes fiscalizables, incluyendo 311 financieras-presupuestales, 213 técnicas a obra pública, 42 de deuda pública y disciplina financiera, 425 evaluaciones normativas y 212 de participación ciudadana. Se emitieron mil 584 observaciones por presunto daño patrimonial: 188 a entes estatales, mil 380 a municipios y 21 a paramunicipales.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Miguel Guillermo Pintos Guillén, aseguró que el dictamen será votado antes del 31 de octubre, conforme a la Ley de Fiscalización Superior y aseguró que se aplicará la norma “sin importar que la administración revisada fue del Movimiento Regeneración Nacional”.
