A casi un mes de ocurrida, ni la Junta de Gobierno ni la Universidad Veracruzana (UV) han informado públicamente sobre la renuncia de José de Jesús Franco López como integrante de ese organismo.
El académico, de acuerdo con fuentes de la propia Universidad, presentó su dimisión el pasado 5 de septiembre.
Franco López fue uno de los siete consejeros que, en junio de este año, aprobaron la “prórroga” ilegal como rector de Martín Aguilar Sánchez, decisión ampliamente cuestionada por contravenir la normativa universitaria. Su salida se suma a una cadena de renuncias previas que han debilitado al órgano colegiado: María Angélica Buendía Espinosa y Haydee Zizumbo Ramírez también se apartaron, aunque ellas a medio proceso.
La Junta de Gobierno, encargada de designar a la máxima autoridad universitaria, ha mantenido un silencio absoluto frente a estas dimisiones, profundizando la percepción de opacidad que la rodea. A pesar de su responsabilidad pública, el órgano no ha emitido comunicados ni actualizado su composición oficial, lo que impide a la comunidad universitaria conocer quiénes siguen tomando decisiones clave en nombre de la Universidad.
Esta falta de transparencia ocurre en un contexto de creciente movilización interna. La Red UV por la Legalidad ha convocado a la toma simbólica de la Rectoría del 20 al 26 de octubre, exigiendo que se restablezca el cauce legal y se convoque de inmediato al proceso de sucesión rectoral.
La renuncia de Franco López no solo evidencia el desgaste interno de la Junta de Gobierno, sino que refuerza las denuncias sobre simulación institucional y captura de órganos autónomos.
