Una persona tramitó un amparo a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de otras personas implicadas en el caso de huachicol fiscal a quienes les fue concedido un freno contra su posible detención, incomunicación, privación de la vida y/o desaparición forzada.
La demanda fue admitida a trámite por la juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, quien ordenó no ejecutar los actos que los quejosos reclamaron, o bien, cesarlos de inmediato.
La demanda fue tramitada por una persona que dijo ser Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, abogado de Rafael Caro Quintero, a nombre de los hijos del exmandatario, sin embargo, el escrito no tiene la firma ni del abogado ni de los quejosos.
Las otras personas a nombre de quienes solicitaron el amparo fueron Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); Miguel Ángel Solano Ruiz, exmarino conocido como “El Capitán Sol”; Diana Heleyn Foullon Gómez, “Lady D”; Roberto Blanco Cantú, empresario conocido como “el señor de los buques”; Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario e Marina, Rafael Ojeda; los capitanes Carlos Estudillo Villalobos y Sergio Varela.
Así como Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo; los verificadores Ismael Ricaño Matías y Anatalia Joselin Gutiérrez; Raúl Mendoza, jefe de Departamento de Módulos y del capitán, Raúl Talavera González, todos ellos implicados en el caso de huachicol fiscal y contra quienes las autoridades tienen órdenes de captura.
A pesar de la falta de firmas, la juez Rosas Sifuentes admitió a trámite la demanda y ordenó notificar personalmente a los quejosos de la suspensión que les concedió y requerirles para que manifiesten si desean o no continuar con el trámite del amparo iniciado a sus nombres o tendría por no presentada la petición.
“En caso de no ratificar la demanda en el plazo concedido, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, dejándose sin efecto las providencias decretadas en el presente auto”, indicó la juzgadora.
En su acuerdo la juez indicó que quien tramitó el amparo señaló como autoridades responsables a la Policía Federal Ministerial de Tampico y Ciudad Victoria, Tamaulipas; el subdelegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa, así como el comandante de la PFM en dicho municipio por lo que además de ordenar notificarles y requerirles informes, también pidió buscar a los quejosos en sus instalaciones por si están detenidos ahí.
Asimismo, fijó para el próximo 28 de octubre a las 12:00 horas como día y hora para realizar la audiencia constitucional en la que, en caso de continuar el juicio, decidirá si concede o no el amparo.