- Conducir ilegalmente y sin honorabilidad el destino de la Universidad Veracruzana atenta contra su autonomía y prestigio.
- No sólo quebranta los altos valores que deben distinguir al quehacer universitario, sino que fomenta la incivilidad.
- Propicia la percepción social de que, si la autoridad transgrede las leyes, todos podemos hacerlo.
Por Víctor A. Arredondo
«El poder corrompe y el poder absoluto
corrompe absolutamente»
John Dalberg-Acton
1887
Las sociedades y grupos humanos que se distinguen por guiar su conducta con base en los altos valores y las leyes, otorgan una gran prioridad a la auto regulación individual y colectiva. Esto es, prefieren inculcar la honorabilidad social basada en el respeto a uno mismo y a los demás que generalizar prácticas coercitivas o, peor aún, represivas. De ahí que focalicen las acciones de remedio o punitivas hacia quienes no muestran auto control ético y legal. A su vez, los valores que dan sustento a la honorabilidad -ese cuerpo de principios nutridos a lo largo de la civilización humana- persiguen la auto realización en el marco del bien común y de una vida significativa basada en la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la trascendencia social y la espiritualidad (o conciencia fenomenológica si se prefiere un término científico). En consecuencia, la honorabilidad es un concepto ético más amplio y de mayor jerarquía en la tabla de valores que el de la legalidad porque implica juicios éticos acerca de lo bueno, lo correcto, lo justo, aunque no estén definidos en las leyes.
He ahí una pauta para entender por qué la transgresión social, la ruptura de principios esenciales de convivencia, no puede resolverse sólo mediante la emisión de leyes si no se acompaña de consecuencias correctivas por parte de quienes imparten justicia; pero sobre todo, de acciones categóricas para promover la honorabilidad social en todos los niveles y ámbitos del quehacer humano. La educación integral a cargo de las universidades no puede desprenderse de la formación en valores. Los próximos lideres generacionales no sólo deben contar con conocimientos sólidos, también deben saber cómo apropiarse de información y habilidades relevantes a lo largo de su vida; y cómo aplicarlas en la solución oportuna de problemas conceptuales, metodológicos, instrumentales, virtuales y del mundo real que exigen la colaboración horizontal. Aunado a lo anterior, la educación superior de nuestro tiempo no cumple con su misión formativa si no fomenta el sentido de pertenencia a un planeta en pleno deterioro; si no emprende acciones urgentes para resolver la desigualdad y la marginación que implican un extensionismo universitario orientado al empoderamiento social sustentado en conocimiento y prácticas de auto gestión comunitaria sistémica; si no propicia una revolución de conciencias que retomen el camino de la honorabilidad, la legalidad, la civilidad, la paz y la calidad de vida en cada localidad y región de la Nación. El idealismo de la juventud debe ser reafirmado con la convicción de que es posible contribuir a lograr un México mejor, mediante la actuación transformadora que afianza el empoderamiento individual, la gestión comunitaria y los liderazgos necesarios para convocar y aglutinar de manera sistemática los esfuerzos colectivos requeridos.
Además de la honorabilidad, es fundamental “socializar el concepto de la legalidad” para lograr un auténtico empoderamiento social. Y no sólo para acrecentar entre la gente la capacidad de entender, usar y moldear las leyes que protegen sus derechos, sino para asegurar una justicia equitativa para todos y la responsabilidad social de las instituciones, autoridades e instancias de organización social. Socializar la legalidad conlleva asegurar la transparencia y el acceso de la información sobre lo público; democratizar la aplicación de la justicia que defiende los derechos individuales y comunitarios; universalizar la información y herramientas de protección para que llegue a manos de la gente que sufre abusos; y monitorear el desempeño de los servicios públicos y de sus autoridades. Lo anterior coadyuva a cimentar nuestra confianza en lo público, lo privado y en los esfuerzos comunitarios encaminados hacia el bien común.
Por tanto, no es concebible el quehacer autónomo de una universidad sin la correspondiente honorabilidad y respeto a la legalidad. La primera, imbuida en el compromiso de sus miembros por el comportamiento ético, mientras que la segunda, reflejada en el respeto a normas y reglamentos que dan sustento al quehacer autónomo. Ya se ha dicho antes, la autonomía no significa la tierra de nadie en materia de legalidad y, menos, que las autoridades actúen con la pretensión de que el poder público en México es una licencia para que la autoridad haga y disponga lo que quiera. La legislación que da soporte al quehacer universitario autónomo incluye preceptos y mecanismos para auto corregir transgresiones legales, sean por parte de quien sea, incluyendo desde luego a las autoridades mismas. Esto es, si quienes están a cargo de la gobernanza universitaria soberana no han desarrollado mecanismos de auto regulación personal e infringen la ley, siempre está la máxima autoridad colegiada que es el Consejo Universitario General para corregir y poner orden.
Dicho lo anterior, el poder judicial es una instancia complementaria para asegurar la legalidad en la vida universitaria. No es la óptima, porque se entiende que existen preceptos y mecanismos soberanos para corregir e imponer el orden institucional. Pero ante la actuación arbitraria de la Junta de Gobierno que ha mostrado oídos sordos a la impugnación interna sobre su decisión de entregar una prórroga legalmente improcedente y su evidente contubernio con la rectoría, obligó a resolver la disputa ante el poder judicial. En las manos de jueces federales está ahora la señal que habrán de enviar al sistema universitario y a la sociedad mexicana: que el respeto a la legalidad en México es fundamental para recomponer la vida nacional. Por su parte, la defensa de la legalidad y del prestigio de la máxima casa de estudios de los veracruzanos estará en manos de los universitarios. La Red UV por la Legalidad marchará el jueves 11 de septiembre, a partir de las 14:30 pm desde las oficinas de la Junta de Gobierno hacia la Plaza Lerdo para acentuar la importancia de la honorabilidad y conmemorar sus 81 años de fundación. También marcharán estudiantes que se han organizado de manera independiente. Estimados lectores, están invitados a proteger a la UV. Debe aclararse que a la oficialidad se le “ocurrió” también convocar a otra marcha en las calles horas antes; no hubo un recinto universitario que le garantizara neutralidad a Martín Aguilar, porque cada vez se difunde más la información y la inquietud sobre la crisis de legalidad provocada por la propia autoridad universitaria. La Universidad Veracruzana se encuentra en un parteaguas. Nuestro movimiento ha venido trabajando para reinstaurar en su seno el Estado de Derecho y la honorabilidad. Nos motiva que el pensamiento analítico y crítico, los acuerdos colegiados, así como la libre circulación de ideas en el entorno universitario serán el principal motor de defensa de nuestra Alma Mater
