Por Raúl Contreras Zubieta Franco*
El 20 de junio de 2025 marcó un parteaguas en la vida institucional de la Universidad Veracruzana (UV); fue el inicio que desnudó una muy profunda fractura en el marco legal de la institución y que la catapultó hacia la peor crisis de su historia.
Aquel ominoso día sólo siete integrantes de la Junta de Gobierno (JG) decidieron, de manera inédita y cuestionada, regalar una prórroga a quien aún en esos días era rector de la institución, sin mediar convocatoria pública, sin competencia con otros aspirantes y en abierta contradicción con la normatividad vigente.
Tal acción del órgano de gobierno pronto se convirtió en el epicentro de la tormenta política y académica perfecta, pues, no solo puso en entredicho la legalidad de la sucesión rectoral, sino que abrió un debate profundo sobre el deterioro de la autonomía universitaria en todo México y, de paso, centró el reflector en la interrogante sobre si el problema lacera el estado de derecho que ha caracterizado a Veracruz, pues con el ahora ya famoso “allá ellos”[1] no se abona a encontrar salida alguna.
El problema central de la prórroga radica en que vulnera los principios de transparencia, equidad y legalidad que deben regir cualquier proceso rectoral. Basta revisar tres actas de la propia Junta de Gobierno para constatarlo.
En el Acta 211[2] (15 de agosto de 2024), el Pleno acordó emitir la convocatoria “bajo el principio de máxima publicidad”, con auscultación a la comunidad universitaria, así como ajustar “la Convocatoria y el Cronograma, correspondiente al proceso de elección de Titular a la Rectoría en 2025”.
En tanto que en el Acta 218[3] (15 de mayo de 2025), asesores jurídicos del propio órgano de gobierno señalaron que “los requisitos previstos en la Ley Orgánica tienen plena validez jurídica y mientras se encuentren vigentes deben ser observados”, recordando además que la Junta de Gobierno no tenía competencia para obviarlos ni modificarlos.
Sin embargo, en el Acta 219[4] (3 de junio de 2025), el órgano cambió de rumbo y aprobó un procedimiento ad hoc para justificar la prórroga, contraviniendo la propia normatividad institucional.
La contradicción es evidente: la JG no solo desconoció acuerdos previos, sino que inaplicó su propio Reglamento interno[5], el cual establece en su artículo 25 que “la convocatoria de consulta, en términos de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Autonomía[6], es el comunicado escrito de la Junta de Gobierno con el que se da inicio al proceso de designación rectoral…” En consecuencia, lo que se instauró no fue un procedimiento excepcional, sino una ruptura normativa que despojó de legitimidad al actual titular de la rectoría.
La ilegal e ilegítima prórroga ha expuesto los límites de la gobernanza universitaria en México, y en Veracruz nos hace ver muy lejos aquel 2017 en el proceso en el que Junta de Gobierno anunciara el “libro blanco” de la sucesión rectoral, con reglas claras para todos los actores. En contraste, el proceso de 2025 queda manchado indeleblemente por la opacidad y la discrecionalidad.
La pregunta es ineludible: ¿qué significa autonomía universitaria cuando son los propios órganos internos los que la vulneran? La autonomía, entendida como capacidad de autorregulación académica y administrativa, no puede ser excusa para prácticas que violentan la legalidad. Por el contrario, debería ser garantía de transparencia, rendición de cuentas y pluralidad de voces.
Y ojo, la crisis de la UV no es un fenómeno local, sin duda sienta un precedente para otras universidades públicas que comienzan a andar la ruta de sus procesos de renovación rectoral. Si lo sucedido y que sigue sumando anomalías en la Universidad Veracruzana no se revierte, la autonomía universitaria corre el riesgo de convertirse en un escudo para la impunidad, antes que en un espacio para la democracia académica.
De ahí que la lucha contra la prórroga no sólo se reduce a un reclamo legal, sino a un mandato ético. Defender a la universidad pública es defender la posibilidad de un futuro universitario basado en la justicia, la dignidad y la transparencia.
La voz estudiantil, motor de la resistencia
No es posible dejar de reconocer que en la lucha contra la prórroga son los estudiantes universitarios quienes han asumido el protagonismo de la resistencia; miles de jóvenes universitarios han decidido hacer frente al miedo y no guardar silencio en torno a lo que consideran un atropello contra la dignidad de su institución. Han denunciado presiones, amenazas y prácticas de adoctrinamiento en sus facultades, acciones que no buscan únicamente inhibir su movilización… pero han topado con pared.
El mensaje expresado en las calles y frente a la Rectoría universitaria es claro: “la Universidad no se vende, no se hereda y no se prorroga”. Al unísono, la comunidad universitaria que se ha movilizado reivindica que la autonomía no pertenece a cúpulas, sino a todos los que integran a esta gran institución. La lucha y la movilización de los jóvenes no es un hecho aislado, sino un mandato ético que rebasa coyunturas y fronteras y coloca en el centro la defensa de la legalidad.
El rechazo estudiantil no se limita a una crítica formal. En redes sociales y medios locales, se han documentado denuncias sobre actos de intimidación y coerción contra quienes participan en las movilizaciones. Los estudiantes relatan presiones en aulas y amenazas veladas de sanciones académicas y aunque estos señalamientos deben tratarse como denuncias en curso, reflejan un clima de hostigamiento que contrasta con los principios de libertad de expresión y participación crítica que debería garantizar cualquier universidad pública.
En este sentido, la respuesta de los jóvenes revela una paradoja, pues, en lugar de debilitar su movimiento, las amenazas parecen haber fortalecido la cohesión estudiantil, que ahora se erige como el núcleo ético de la resistencia de los jóvenes universitarios de la UV, que ha logrado sumar apoyos solidarios de estudiantes de otras instituciones de educación superior públicas como la UNAM, el IPN, la UAMex y la BUAP, a decir por los propios estudiantes.
Es un hecho que su voz resuena como recordatorio de que la autonomía universitaria no es propiedad de funcionarios ni de juntas de gobierno, sino de la comunidad que la sostiene con su trabajo, su estudio y su compromiso.
Sin duda que la UV enfrenta hoy un dilema que marcará su historia al optar por uno de dos caminos posibles: la complicidad con un rector espurio, o bien, defender la dignidad que le otorga su comunidad. Tampoco hay duda de que los estudiantes universitarios ya marcaron la pauta a seguir, pues han optado por el segundo camino.
Su resistencia es la semilla de una nueva etapa universitaria, una donde la autonomía recupere su sentido genuino y ser el pilar de una educación crítica, plural y democrática. Si algo deja claro esta crisis es que el futuro de la UV no se resolverá en “La Loma”, sino en las aulas, las plazas públicas y en las conciencias de quienes se niegan a aceptar que la Universidad pueda ser objeto de prórrogas ilegales.
* Doctorante en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales y Premio Nacional de Periodismo 2024.
[1] https://lasillarota.com/veracruz/estado/2025/6/23/rocio-nahle-habla-sobre-prorroga-martin-aguilar-como-rector-de-la-uv-alla-ellos-542188.html
[2] https://www.uv.mx/juntagob/files/2012/09/Acta-Num-211.pdf
[3] https://www.uv.mx/juntagob/files/2025/07/Acta-Num-218.pdf
[4] https://www.uv.mx/juntagob/files/2025/07/Acta-Num-219.pdf
[5] https://www.uv.mx/legislacion/files/2023/07/RJuntadeGobierno_2023julio.pdf
[6] https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-de-Autonomia-Universidad-Veracruzana.pdf
