Por Jaime Fisher
El grave problema institucional que enfrenta la Universidad Veracruzana tiene origen en el choque entre la gobernadora Nahle y el senador Huerta que se remonta, por lo menos, a la pugna por la candidatura al gobierno de Veracruz en las elecciones de 2024. Es, pues, desde su origen mismo, un conflicto que rebasa el espacio propio del campus.
Sin embargo, la crisis universitaria no es por comisión sino, más bien, por omisión del gobierno veracruzano. Raymundo Jiménez, entre otros, ha señalado un “aparente vacío de poder que existe en Palacio de Gobierno” y que sería lo que ha permitido a las hordas del senador Huerta -la junta de gobierno y el exrector- animarse a “suponer que podrán salirse con la suya” en lo que a la violación de la legislación universitaria se refiere. La parte activa del conflicto, pues, está en el voluntarioso ex dirigente de la UCISVER y sus cómplices dentro de la U. V. Hasta el momento esta banda no ha encontrado oposición en el ejecutivo, ni en el legislativo; y está por verse si la frenan en el judicial, que parece ser la última esperanza antes de escalar el conflicto.
Donde la caterva indiciada sí parece tener alguna oposición es en la Red UV por la Legalidad, un grupo de universitarios organizados a partir de la convocatoria de 3 exrectores 3 quienes, paradójicamente, parecerían haber limado viejas y severas asperezas entre sí (al menos por el momento) gracias al delincuente que hoy usurpa la oficina del edificio de rectoría. Y hay que reconocer que esa “unidad estratégica” -aunque efímera- se debe al espurio Aguilar Sánchez: junto al deterioro institucional que éste ha producido en la UV, la “unión” de esos tres exrectores tres -así estén unidos momentáneamente y sólo en su contra- constituye el máximo logro de su gris, triste, lastimera y funesta administración.
Pero, como dicen los abogados, esa oposición -por más fuerza que tenga y pueda desarrollar en los próximos días- no es vinculante, es decir, carece de efecto legal obligatorio sobre los actos delincuenciales señalados y reclamados. De ahí la necesidad de intervención del Estado, del Leviatán, o, para que nadie se espante demasiado, del Contrato Social. Pero he ahí ese vacío de poder que señala Raymundo, y sintetizado en el “Allá ellos” de la gobernadora. Como si la universidad no importara al Estado. Como si los recursos del contribuyente invertidos en ella fuesen entregados a Alí Babá y sus 40 funcionarios con ciega confianza. Sin rendición de cuentas. Violando flagrantemente la ley. Haciendo como si no pasara nada. Mirando para otro lado. Nadando de a muertito. Dejándole el plato servido al senador, quien seguro se lo cenará, pues él sólo sabe que no se ha cenado aún lo suficiente.
¿Queda una esperanza antes del caos y el abismo? Sí: que ese vacío de poder en palacio de gobierno sea sólo aparente, como la columna citada parece sugerir. Ya veremos lo que haya que verse.
