Por Juan José Llanes
Con independencia de ulteriores reflexiones que pueda hacer (y que quiero hacer), en torno del debut del nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece importante expresar esto:
Se ha expuesto por parte del actual régimen, que ya unificó en torno de su proyecto a, prácticamente, todos los órdenes de gobierno y a los tres Poderes, que no se trata solamente de la renovación del Poder Judicial en cuanto a quienes lo integran. Escuché que se habla de una “nueva Justicia”, que responderá a nuevos estándares, cercana al ideal de esa “Justicia” (no sabemos si a la legalidad) cercana a la sociedad (que se insiste en llamarla “pueblo”, a secas), y alejada totalmente de la “corrupción” que pudrió a los jueces, magistrados y ministros que fueron extirpados.
Creo que el reto es inmenso. Sí, claro está, que la Justicia que teníamos los mexicanos -hasta antier- era mala (por decirlo de forma amable). Esta “nueva Justicia”, asume también el reto de corregir las pifias del pasado, y rectificar lo que se hizo en perjuicio de la gente de a pie.
Ahí va la primera misión, que me permito, como ciudadano, poner sobre la mesa:
La SCJN en más de una ocasión, en el pasado, debió corregir criterios que eran -auténticamente- un atentado a los Derechos Humanos. Por ejemplo, durante décadas la Corte definió como “constitucional” la atroz cláusula de exclusión sindical. Hace unos 20 años rectificó y asumió (“en una nueva reflexión”, dijeron los ministros) que era violatoria de las libertades de asociación y sindicación, violaba tratados internacionales (el Convenio 87 de la OIT, básicamente), y permitía a sindicatos mayoritarios ser dueños de la voluntad de la base obrera.
Después, la reforma laboral que impulsaron Calderón y Peña Nieto en 2012, presentaba un detalle también atroz: la limitación de los salarios caídos de los trabajadores en los juicios laborales. Fue una reforma que parecía dictada por la COPARMEX, que se aprobó con el voto mayoritario del PRI y PAN y el voto en contra de la izquierda.
Empero, la izquierda (materializada en Morena), llegó al poder y no corrigió la ley. Un Tribunal Colegiado de Circuito del PJF se atrevió a declararla inconstitucional y, cuando llegó a la SCJN, los ministros de aquel entonces, convalidaron que un trabajador despedido pague el costo de la tardanza judicial, lo que beneficia a la parte patronal.
Esperaría, entonces, que la nueva SCJN “en una nueva reflexión” defina que la limitación de los salarios caídos en los juicios laborales es la expresión más pura de ese neoliberalismo que tanto repudia el régimen, viola derechos humanos y lastima a los trabajadores. Esperaría que se corrija eso porque -dicen- los nuevos ministros están del lado del pobre, que no del rico.
Esperaría, también, que no se cumpla el vaticinio de muchos de mis colegas: si un particular lleva a un tribunal un abuso del gobierno, indefectiblemente sus acciones no prosperarán, aunque le asista la razón al ciudadano.
Estará a prueba, entonces, esa “nueva Justicia”. Del resultado depende que podamos seguir llamándonos república o se delinee lo que tantos auguran: la dictadura.
