Por Víctor A. Arredondo
▪ La crisis actual en la UV es inadmisible; fue provocada por la propia autoridad universitaria.
▪ Sus graves afectaciones se deben a la ambición personal y a los intereses de un grupo político.
▪ ¿Existe el plan de usar la UV como espacio de refugio y activismo de ese grupo aunque se afecte el bien común?
Hasta ahora, buena parte de la crítica a la atroz maniobra de la prórroga, operada con antelación por la rectoría y algunos miembros de la Junta de Gobierno, se ha enfocado en los aspectos legales, en los pobres resultados de la actual administración universitaria y en su reprobable control burocrático ejercido mediante amenazas. Una enorme cantidad de análisis bien sustentados ha coincidido en señalar que la Junta de Gobierno recurrió a un procedimiento fuera de la ley con el fin de extender cuatro años más el encargo de Martín Aguilar en la rectoría. También han enfatizado que, además de no cumplir con el requisito legal de la edad, no estuvo a la altura de lo que implica la conducción de una universidad de gran tradición y prestigio. Sin embargo, hay un tema que no se ha analizado profusamente, el del trasfondo político de la actual crisis universitaria, causada por un grupo de interés extrauniversitario que amenaza la naturaleza, misión social y esencia cualitativa de sus funciones de docencia, investigación, difusión cultural y extensionismo comunitario.
Semanas antes del otorgamiento de la prórroga, el columnista Raymundo Jiménez, premio estatal y nacional de periodismo, anticipó la existencia de un grupo político que había cooptado a la Junta de Gobierno y que mantenía un oscuro contubernio con la rectoría de la UV. Su análisis sobre ese inadmisible hecho, lo provocó la renuncia a la Junta de Gobierno de la doctora María Angélica Buendía Espinosa “en un claro deslinde del proceder del órgano colegiado, al que señaló como responsable de presiones internas”. Recordemos que antes de ella, durante la administración de Martín Aguilar ya habían renunciado tres miembros más de la misma Junta de Gobierno (los doctores Alfredo Sánchez, Hugo Casanova y Erika Maldonado) y que semanas después de la decisión de la Dra. Buendía, siguió la renuncia de la Dra. Haydee Zisumbo Ramírez ante el inminente otorgamiento ilegal de la prórroga. Y no hay que descartar una próxima renuncia de uno de los siete miembros que cargan moralmente bajo sus espaldas la improcedente decisión de la prórroga. Estos acontecimientos debieron prender las alarmas entre la comunidad universitaria por la inestabilidad interna y la evidente consigna dentro de ese órgano que es controlado por Juan Manuel Pinos y Ernesto Isunza con el objetivo premeditado de distorsionar el proceso legal de designación de rector para asegurar la prórroga de Martín Aguilar. De manera extraña, pero entendible, las noticias sobre esos acontecimientos de enorme gravedad eran minimizadas o escondidas por los órganos oficiales de comunicación de la Universidad Veracruzana.
Regresando a la columna de Raymundo Jiménez, ahí queda explícita la militancia partidista de Ernesto Isunza, aguerrido promotor de Martín Aguilar, quien es “su colega” desde tiempos estudiantiles. Otros miembros de ese grupo político generacional mencionados en ese artículo son el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien me referiré en el próximo párrafo; Leticia Mora, quien presidió la Junta de Gobierno y se sabe que fue instrumental para la designacion hace cuatro años del historiador Martín Aguilar como rector; así como Leopoldo Alafita y Saúl Moreno, actuales asesores de rectoría. A esa lista yo añadiría a dos historiadores más: Juan Ortiz Escamilla, quien usurpó el cargo de Secretario Académico de la UV, al ser nombrado ilegalmente por la Junta de Gobierno y a petición de Martín Aguilar, por no cumplir con el requisito de la edad; y a la vicerrectora de la región Coatzacoalcos-Minatitlán.
El caso del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara llama la atención por su acentuado protagonismo político, catalogado por la prensa veracruzana como antagónico a la estructura del gobierno estatal. Al haber sido el primero en felicitar públicamente la prórroga entregada por la Junta de Gobierno, cuando ya eran evidentes los múltiples reclamos sustentados sobre su ilegalidad, obliga a hacerle cuestionamientos: ¿es correcto que para un senador estén primero los intereses de grupo y la amistad personal que la legalidad?, ¿acaso conviene que se asocie a la Universidad Veracruzana como rival del Gobierno de Veracruz, cuando la gobernadora Rocío Nahle ya había leído de manera respetuosa los lineamientos legales que deben atenderse en la designación del rector?, ¿acaso existe la intención de su grupo político de usar a la UV como refugio y plataforma política?, ¿acaso no es clara la legislación universitaria en el sentido de que la rectoría debe ser ajena a intereses de grupos políticos y económicos?
La administración universitaria que concluye en unos días, porque las resoluciones de la Junta solo son irrevocables cuando cumplen con la legislación universitaria, no parece haber entendido la naturaleza abierta y compleja de las universidades autónomas. Abierta, porque deben tomar como referente obligado las grandes demandas sociales y su responsabilidad ante la sociedad a la que se deben. Ello implica propiciar la colaboración horizontal entre todas las disciplinas y funciones universitarias (docencia, investigación, difusión cultural y extensionismo comunitario) con el fin de analizar integralmente los requerimientos del entorno social, actuar eficazmente en la realidad concreta y ponderar de manera verificable su impacto en la sociedad. Y compleja, porque la dinámica actual del conocimiento y la tecnología conlleva ajustes institucionales oportunos que atiendan los fenómenos cambiantes de la realidad contemporánea. Esto, para no permanecer como observadora insensible y pasiva ante los actuales sucesos y desarrollos científico-tecnológicos. De lo contrario, aminoraría su protagonismo estatal, regional, nacional e internacional; tal y como ha sido el caso durante el rectorado de Martín Aguilar. Es evidente que la Universidad Veracruzana ha perdido liderazgo, salvo en las honrosas excepciones de académicos, administrativos y estudiantes que debieron magnificar sus esfuerzos ante el inexistente apoyo institucional. Pareciera que los directivos, asesores y colaboradores de rectoría piensan que la sola expresión de ideas y discursos oficiales es suficiente para la transformación social. No supieron conducir la ejecución de proyectos basados en la colaboración horizontal dirigida al mundo real, junto con la evaluación y verificación de su impacto en la sociedad.
Una razón de ello es que la administración que termina puso el énfasis en el control burocrático más que en la promoción y aplicación del talento que existe entre las diversas disciplinas y regiones de la universidad. Ello se debe, entre otras razones, al perfil académico poco diverso de los colaboradores del rector. Parece que se le otorgó mayor prioridad a la cercanía y lealtad del equipo jerárquico de Martín Aguilar y a que fueran afines disciplinariamente (en su mayoría son historiadores, sociólogos, administradores). Esa fallida decisión redujo notablemente la representatividad institucional de su equipo y el abanico disciplinario indispensable para una visión integral y actualizada del entorno y del correspondiente quehacer universitario, materializado en un proyecto académico innovador que nunca existió. La notable ausencia en su equipo de auténticos educadores y su obsoleta formación ideológica que apuesta al resentimiento social en lugar del empoderamiento de la sociedad, mediante el fomento de una educación progresista basada en el conocimiento de frontera, la justicia y la solidaridad, inhibió su capacidad de entender los grandes desafíos que enfrenta la universidad contemporánea.
El balance de todo lo anterior es preocupante, pareciera que la actual administración universitaria se concentró de manera prioritaria en la grilla, el control y el aseguramiento de las condiciones para permanecer en la rectoría a costa de cualquier medio. Por ello se explica el tiempo dedicado a la recomposición de una Junta de Gobierno manipulable, recurriendo a presiones para lograr renuncias de quienes resultaban incómodos y a maniobras premeditadas para lograr que el Consejo Universitario los supliera gradualmente por miembros leales. Eso explica la reciente intervención del secretario académico Ortiz Escamilla para colocar en la Junta de Gobierno a su íntimo colega de tantos años, el Dr. Ariel Rodríguez Kuri quien debería renunciar si es que le preocupa su trayectoria profesional, a menos que las promesas sean mayores que su dignidad. Una muy disminuida prioridad se le otorgó a acrecentar el futuro brillante de la Universidad Veracruzana, sin importar la afectación de las condiciones de trabajo del personal, las gestiones necesarias para asegurar el subsidio público completo, la ampliación de alianzas con los sectores externos, un mayor impacto social del quehacer universitario, la diversificación de las fuentes de ingresos institucionales; pero principalmente, la formación de egresados con la mística de convertirse en dueños de su destino y protagonistas trascendentes de su generación.
La carga que trae Martín Aguilar a cuestas por el inesperado y creciente rechazo de la comunidad universitaria y el aplastante ambiente social en su contra y que, lamentablemente, también lo sufre su familia, lo debería llevar a considerar seriamente renunciar a la pretensión de una prórroga que no procede. Ante el juicio de la historia podrá quedar como el artífice de la ilegalidad en la Universidad Veracruzana, lo que perjudicaría también a la institución que pretende conducir, o como alguien que supo enmendar su error. De persistir en su intento, acrecentando las consecuencias personales e institucionales adversas, no podría entenderse más que por la presión de un grupo político cuyos intereses no están puestos en el bien común sino en inalcanzables beneficios de quienes no supieron dimensionar la importancia estratégica, la trayectoria y el potencial de la máxima casa de estudios de los veracruzanos.
