En México, el ejercicio periodístico enfrenta una nueva amenaza: el uso sistemático de mecanismos legales como herramienta de censura. Así lo denuncia Artículo 19 en su más reciente informe, titulado “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, donde se documenta un preocupante incremento de procesos judiciales, electorales y administrativos dirigidos contra periodistas y medios de comunicación.
Entre enero y julio de 2025, Artículo 19 registró 51 casos de acoso judicial, afectando a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios. Esto representa un nuevo proceso cada cuatro días, superando en solo siete meses el total anual de cualquier año anterior. La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales.
De los 51 casos documentados, 10 ocurrieron en Veracruz, seguido por Ciudad de México (9) y Jalisco (6). Resalta que el estado de Veracruz sea el más alto en estos meses. Artículo 19 ha podido documentar procesos donde una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones.
A la fecha de redacción de este reporte, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas, destacó el organismo.
Los llamados SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública) se han convertido en una táctica recurrente. Estas demandas no buscan ganar jurídicamente, sino castigar económicamente y psicológicamente a quienes ejercen su libertad de expresión. El Alto Comisionado de la ONU ha advertido que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y participación pública.
Vías legales utilizadas
- Electoral: 26 casos (50.98%)
- Penal: 14 casos (27.45%)
- Civil: 11 casos (21.57%)
- Administrativo: 0 casos
El uso de la vía electoral ha sido particularmente preocupante en el contexto de las elecciones de 2024 y la reforma judicial de 2025.
El 45 por ciento de los casos fueron iniciados por funcionarios públicos, muchos en proceso de reelección o candidatura. Otro 35 por ciento proviene de particulares, y el 20 por ciento de partidos políticos. La mayoría de las autoridades agresoras operan a nivel estatal, lo que revela una estrategia coordinada de censura desde el poder local.
Uno de cada dos casos de acoso judicial se basa en presunta violencia política de género. Artículo 19 advierte que esta figura, diseñada para proteger a las mujeres, está siendo desvirtuada para censurar publicaciones críticas. Incluso se ha ordenado la eliminación de contenidos y disculpas públicas por varios días.
Ejemplos:
- Ruby Soriano fue obligada a eliminar una publicación crítica sobre la trayectoria política de una diputada.
- El medio Sin Embargo recibió medidas cautelares por mencionar vínculos familiares de una candidata a ministra de la SCJN.
- Héctor de Mauleón y El Universal fueron sancionados por columnas sobre presuntos vínculos con redes de huachicol fiscal.
Artículo 19 exigió:
- Reformar la legislación sobre VPEG para excluir expresamente el periodismo.
- Derogar delitos penales contrarios a la libertad de expresión como difamación o ultrajes.
- Aplicar estándares internacionales en la valoración de casos.
- Evitar el uso de recursos públicos para litigar contra periodistas.
- Garantizar independencia judicial frente a presiones políticas.
La judicialización del periodismo en México representa una forma sofisticada de censura que erosiona el debate público y la democracia. Si no se detiene, el espacio para el periodismo crítico se reducirá drásticamente. Artículo 19 advierte que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger la libertad de expresión, no de castigarla.
