“Doxing” legislativo

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Por Ruby Soriano

A los políticos sin distingo de cargos se les olvida algo esencial, tienen una obligación que debe responder a los intereses ciudadanos y no de grupo o que involucren a partidos políticos a los que pertenecen.

Asimismo, cualquier gobernante, legislador, senador o integrante del poder judicial está sujeto al escrutinio público. Y lo está, porque sus salarios se pagan con recursos públicos.

Solicitar una rendición de cuentas a estos personajes desde la óptica ciudadana en ningún momento vulnera leyes o atenta contra integridades. Aquí lo delicado es cuando estos personajes en aras de sentirse impunes o intocables, utilizan las amenazas o la persecución a ciudadanos y periodistas, con la única finalidad de evadir responsabilidades.

Lo ocurrido en la red social X con la cuenta de Mr. Cívico, un personaje que difunde, cuestiona, increpa, opina sobre temas políticos y sociales recobra fundamental importancia desde el momento que empezó a ser hostigado y “doxeado” de manera directa por la diputada local morenista Nayeli Salvatori Bojalil.

A la legisladora le incomodó que esa cuenta replicara, la información que empezó a circular en redes sociales sobre sus faltas acumuladas en el Congreso Estatal, así como las pocas iniciativas presentadas desde que rindió protesta, lo que sin duda refleja su improductividad en el cargo.

Ella se cataloga como “influenciadora” en redes sociales y seguramente debe tener al hilo las consecuencias gravísimas a la hora de ventilar los datos personales en una red social.

Hay que recordarle a la legisladora que el Doxing es una forma de ciberbullying que utiliza información, declaraciones o registros confidenciales o secretos para el acoso, la exposición, el daño financiero u otra explotación de personas objetivo.

Su investidura no la exime de haber cometido un exceso que también podría derivar en graves consecuencias para las personas afectadas.

Tanto ella como cualquier político o funcionario público tienen la obligación de trasparentar no sólo su trabajo, sino también de asumir que los ciudadanos pueden hacer críticas, análisis y señalamiento de su desempeño, sobre todo cuando éste es evidentemente deficiente.

Las amenazas de parte de quienes hoy están en el reflector político no los coloca en un sitio de preponderancia, no señores y señoras, por el contrario, los desnuda para entender que no son capaces de asimilar críticas y de responderlas con datos duros y argumentos sustentados.

La improductividad legislativa ha sido el mal de muchísimos tiempos. Los ciudadanos no tenemos por qué arropar a diputados holgazanes. Ahora bien, si además de ser legisladores tienen una función paralela como empresarios, influenciadores, barrenderos, lo que gusten, primero cumplan con la función para el cargo que hoy ocupan.

Lo deplorable es ver a estos personajes usando recintos como el del legislativo local para montar sketches o tramas francamente ridículas para viralizarlas en sus cuentas de Instagram y Tik Tok. Ya bastante tenemos con los shows de la vida real, como para tener más personajes de comicidad o farándula política.

Sus aficiones y profesiones paralelas, a los ciudadanos no nos interesan, pues en muchos casos, son prácticamente basura digital que poco o nada aporta a una verdadera agenda legislativa que tendría que ser en función real del beneficio ciudadano y no de likes que para efectos rápidos representan sólo frágil humo digital.

 

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