Por Víctor A. Arredondo
*Una institución autónoma necesita liderazgos reconocidos por su capacidad, honorabilidad y credibilidad
*También, el que sus directivos y órganos colegiados se guíen por los grandes valores de la autonomía universitaria
*Si no se cumplen esos requisitos y dominan los intereses de grupo, el fracaso es inminente.
Es factible que la rectoría y la Junta de Gobierno de la UV hayan pensado que la maniobra planeada para presentar la solicitud y asignar la prórroga a Martín Aguilar podría pasar desapercibida; con todo y que se iban a afectar los derechos individuales de la comunidad universitaria y de quienes esperaban competir por la rectoría. También se pudo suponer que las posibles quejas a la Junta por parte de quienes fueron afectados, se podrían diluir con un “convincente” texto que justificara la “procedibilidad legal” del método inventado y el imparcial reporte de logros de la rectoría en los últimos cuatro años. Todo ello sin importar que habrían de usar sólo 12 días hábiles y una breve consulta para justificar su decisión de ampliar cuatro años la gestión de Martín Aguilar, aunque no cumpliera con el requisito de edad exigido por nuestra legislación “porque ya lo había cumplido cuatro años atrás”. Esto es equivalente a afirmar que los documentos de identidad ya caducados (licencias, pasaportes, credenciales) siguen siendo vigentes porque en la fecha en que se adquirieron, se cumplió con los requisitos.
Además, ¿por qué iban a hacer caso del requisito de edad si ya el rector y la Junta se habían brincado ese obstáculo legal al nombrar un par de años atrás al secretario académico actual que no debió ser nombrado por no cumplir con ese mismo requisito?, ¿acaso las autoridades no tienen el derecho de decidir qué leyes sí van a respetar y cuáles no?, ¿cómo no lo van a hacer si trabajaron arduamente para llegar al poder?. Con otro añadido, si ya se llegó al poder, nunca hay que soltarlo porque no hay nada mejor que hacer lo que uno quiera. El problema de ese sueño guajiro es que, eventualmente, la realidad termina imponiéndose al recordarnos que la ley, sí es la ley.
Desde sus primeros meses en su encargo, el rector saliente pudo haber aprendido que las decisiones personales arbitrarias se combaten cuando no cumplen con la legislación universitaria. Me refiero a su errónea decisión personal de cerrar un centro de investigación de alto nivel, sin seguir los protocolos de nuestra legislación. Se trata de un centro que ofrecía estudios de posgrado acreditados por el patrón de excelencia del CONAHCYT y con docentes doctorados, miembros del SNI. Ese centro había sido creado por el Dr. Emilio Ribes, uno de los escasos miembros eméritos del Sistema Nacional de Investigadores quien, además, había recibido el Doctorado Honoris Causa por la propia Universidad Veracruzana por sus aportaciones a la psicología latinoamericana, a la innovación académica y por haber sido uno de los tres fundadores de la actual Facultad de Psicología en Xalapa. Lo insólito es que ese arrebato se justificara de manera inverosímil: “porque había división en su interior”. Con esa misma justificación, ¿a alguien se le podría ocurrir que hoy es necesario cerrar la Universidad Veracruzana por la división causada por una prórroga ilegal?
Con el apoyo de los colaboradores de Rectoría, “expertos en legalidad, excelencia académica e historia universitaria”, lo correcto hubiera sido coadyuvar a dirimir las diferencias y apuntalar el futuro exitoso de un centro de prestigio nacional que ya desapareció por iniciativa de quien nunca se dignó reunirse con ambas partes. Ese grave error provocó que se recurriera a los juzgados para dirimir un asunto que debió resolverse al interior de nuestra casa de estudios. Así fue como inició la bochornosa y frecuente presencia de la actual administración universitaria ante los tribunales. Esta circunstancia deja ver incompetencia administrativa, ignorancia de la legislación o, en el peor de los casos, la transgresión consciente de la legalidad que también incluye a la Junta de “Gobierno”.
Lo más lamentable es que de no recomponerse el proceso legal de designación de rector, el daño institucional será mayúsculo; lo que abriría la puerta para recurrir a denuncias penales por causar daño moral y funcional a la Universidad Veracruzana. Y lo insólito de la actual crisis es que el órgano de gobierno que debe representar los intereses de toda la comunidad universitaria, que por definición implica el fomento de la pluralidad y el pensamiento crítico, esté respondiendo sólo a los intereses personales de rectoría. Al haberse prestado a aprobar la prórroga, de manera servicial e ilegal, en tan sólo doce días hábiles y con el aval amañado de menos del 2% de la comunidad universitaria porque fueron notorios los “acarreos”, se cometió un acto reprobable y contrario a la honorabilidad ética que debería distinguirla.
Esa acción violó el método establecido por la legislación universitaria que exige dos meses de arduo trabajo por parte de la Junta que está obligada a lanzar una convocatoria para el registro de aspirantes a la rectoría, a evaluar su perfil y propuestas, a escuchar la opinión de los universitarios, a seleccionar a l@s candidat@s formales a la rectoría, a realizar una segunda auscultación entre los universitarios y, finalmente, a proceder a la designación del rector o rectora. Este elaborado proceso fue ignorado por la Junta de Gobierno cuando siete de sus 9 miembros prefirieron el camino distorsionado de otorgar una prórroga directa a quien no cumple con el requisito legal de la edad.
Ante el desastre causado surgen algunas preguntas. ¿Por qué la Junta de “Gobierno” ha sido sorda ante más de 250 publicaciones críticas en medios estatales y nacionales, así como de decenas de miles de mensajes en las redes sociales?, ¿acaso no merecen atención los reclamos de miembros distinguidos de nuestra comunidad universitaria y de centros de alto nivel del país de donde provienen los miembros de anteriores Juntas de Gobierno que han cuestionado la prórroga o de ex rectores, egresados y jubilados de la UV que han aportado al prestigio nacional de la UV?, ¿acaso resultan insignificantes las expresiones de rechazo de más de 800 universitarios que hasta ahora conforman la Red UV por la Legalidad?, ¿en verdad los intereses y beneficios de un grupo encubierto que pretende secuestrar a la universidad de todos los veracruzanos es más importante que la imagen social de la UV que está llamada a ser una de las mejores universidades de la nación?, ¿continuará la Junta con su sordera ante la magnitud del rechazo universitario y social por su insostenible decisión?
Tal y como han señalado otros colegas, la ambición personal de Martín Aguilar no sólo no se sostiene legalmente; tampoco se justifica ante los exiguos logros de su administración que está culminando con la mayor crisis en la historia de la UV. Hay evidencias contundentes del actual control coercitivo, basado en amenazas y represalias a quienes piensan diferente a la propaganda de esta administración que termina el 31 de agosto.
¿A eso se debe que la rectoría evadiera el escrutinio de su gestión ante los aspirantes a ese cargo y al de la comunidad universitaria?, ¿es esa la razón por la que Martín Aguilar prefirió ser “evaluado” por 7 miembros de la Junta de Gobierno, donde la mayoría ya estaba preparada para elogiar sus cuestionables resultados y otorgarle la prórroga?, ¿por qué no se amparó ante la restricción legal que tenía por no cumplir el requisito de edad y se dispuso a competir con otras propuestas de desarrollo institucional?, ¿por qué prefirió el camino torcido de una prórroga directa que no está reglamentada en la legislación y, que, además, transgrede el procedimiento establecido en nuestras leyes?
Las respuestas a tales interrogantes están en manos de la comunidad universitaria. Sin embargo, en el fondo, queda mancillada la honorabilidad de una universidad, que entre una de sus funciones cruciales está la de asegurar la formación integral de los universitarios, lo que implica la promoción de la auto regulación ética y de los valores universales tan necesarios en un siglo en el que urge resolver enormes desafíos relacionados con la gente y la naturaleza.
Otro asunto a dilucidar es la razón por la que Martín Aguilar divulgó recientemente la constancia fotográfica de su actuar desesperado, al reunirse con el Lic. Hugo Aguilar, quien está en espera de ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Acaso deseó dejar el mensaje que ya está preparada la orden directa a los jueces que tienen en sus manos las solicitudes de amparo ante la prórroga y la omisión de la convocatoria para que resuelvan a favor de él? En nada ayuda a la imagen de pulcritud e imparcialidad del Lic. Hugo Aguilar, salir fotografiado con quien carga en la espalda cinco solicitudes de amparo en los tribunales federales. A menos de que se desee enviar el mensaje de que, a partir del 1 de septiembre, la nueva forma de operar la justicia en México será la que ya conocemos, la de la impunidad de los cercanos que transgredan la ley.
Por último, se sabe que los dictámenes de suspensión son complejos de resolver, pero para cualquier juez con solvencia jurídica y moral, el análisis de nuestra legislación universitaria dejará claro que hubo quebranto en el proceso establecido para designar a quien ocupe la rectoría y que se afectaron los derechos individuales consagrados en nuestra Constitución. Confiemos en la honorabilidad de los jueces porque los cinco juicios de amparo interpuestos siguen su curso. No es cierto “que ya fue aceptada la prórroga”. Es una de tantas artimañas propagandísticas de la rectoría, ante las que los jueces federales no podrán dejarse engañar y, menos, intimidar.
