La controversia por la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez en la Universidad Veracruzana (UV) para el periodo 2025–2029 escaló este miércoles, luego de que medios locales difundieran que un juzgado federal habría avalado dicha extensión directa de gestión. Sin embargo, el académico y exdirector de la facultad de Derecho, José Luis Cuevas Gayosso, uno de los promoventes del amparo contra el procedimiento, rechazó que exista una resolución definitiva sobre el fondo del juicio.
Según la información difundida desde rectoría, el Juzgado Primero de Distrito en Veracruz supuestamente resolvió que la Junta de Gobierno de la UV no está obligada a emitir una nueva convocatoria para la designación de rector, al considerar “válida” la prórroga otorgada a Aguilar Sánchez. El fallo cita artículos de la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UV como sustento jurídico.
No obstante, Cuevas Gayosso aclaró que lo resuelto corresponde únicamente al incidente de suspensión provisional, y no al fondo del amparo.
“Esto es desinformación que lo que hace es confundir a la opinión pública. En el amparo existe una etapa inicial que es la suspensión, la cual puede ser provisional o definitiva, y sirve solamente para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Esto no quiere decir en forma alguna que el amparo se encuentre desechado, ni resuelto, ni que se haya otorgado o que se haya negado la protección de la justicia federal”, explicó en entrevista con La Clave online.
Lo que la jueza determinó, señaló el jurista, fue que no era procedente otorgar esa suspensión provisional, ya que de lo contrario, la UV se quedaría sin un rector, criterio que dijo no compartir, ya que Martín Aguilar concluye su gestión el 31 de agosto, y el 1 de septiembre la Junta de Gobierno podría nombrar un rector interino y emitir la convocatoria para que se abra el proceso.
Destacó que aun cuando se estaría fuera de los tiempos legales, la emisión de la convocatoria y la auscultación a la comunidad universitaria es el único procedimiento contemplado en la ley para nombrar titular de la rectoría, y al omitirlo no se salvaguardarían los derechos de los universitarios y el rector tendría un carácter de ilegitimidad e ilegalidad.
Cuestionó si la información difundida fue una inserción pagada, ya que no se trata de hechos reales y lo que muestra es “tergiversación de la información. Los amparos no se han resuelto. Ninguna autoridad federal ha legitimado o ha dicho que la ‘prorroga’ fue otorgada dentro de un marco legal. El procedimiento es a través de una convocatoria con la participación de los aspirantes que reúnan el perfil, y sobre todo con la participación de la comunidad universitaria”.
Rechazó que el Juzgado haya determinado que no es necesario que la Junta de Gobierno emita la convocatoria. “En ninguna parte de la suspensión dice eso. Al contrario, dice que no se otorgará por los motivos que ya se mencionaron y con toda claridad señala que eso no significa prejuzgar en forma alguna que el procedimiento llevado a cabo por parte de la Junta de Gobierno se encuentre dentro del marco legal. Eso será motivo de la resolución de fondo de cada uno de los amparos”.
Cuevas Gayosso advirtió que el proceso legal aún tiene un largo tramo por desahogar para quedar firme, pero que si Martín Aguilar rinde protesta para un nuevo periodo el 1 de septiembre quedaría en un plano de ilegalidad, con graves implicaciones para la Universidad Veracruzana.
“Esto crearía problemas a la Universidad. Por ejemplo, todos los documentos que haya firmado no tendrían validez, porque estaría firmándolos fuera de una designación del marco legal, además de las contrataciones, nombramientos y todas las funciones que un rector tiene como representante de la institución. Todo estaría fuera del marco legal y esto, y él lo sabe, crearía un perjuicio muy grande para la comunidad”, aseveró.
Adelantó que, además de los amparos, hay “otras vías” de las que también echarán mano si es necesario y señaló que el Congreso del Estado puede intervenir haciendo lo que se denomina la “interpretación auténtica de la ley”, ya que la Ley Orgánica de la UV fue aprobada por el Poder Legislativo local y por ende, le corresponde hacer una interpretación auténtica de lo que el término prorrogar implica.
