Por José Lorenzo Álvarez Montero
Las circunstancias que rodean la designación del nuevo Rector de la Universidad Veracruzana son propicias para reflexionar con seriedad sobre el ejercicio real de su autonomía universitaria.
En primer lugar, al analizar el procedimiento de designación del Rector por parte de la Junta de Gobierno, así como la reciente solicitud de prórroga por parte del actual titular, es necesario puntualizar que dicha prórroga debe estar debidamente fundamentada. No puede ni debe sustentarse en una autovaloración subjetiva o en méritos autoproclamados. La extensión del periodo rectoral solo tiene sentido si se demuestra, con base en hechos concretos, un desempeño excepcional, trascendente y de alto impacto institucional. En este sentido, resulta inadmisible que el propio rector solicite la prórroga de su gestión, pues “elogio en boca propia es vituperio”.
La única instancia legitimada para solicitar una prórroga debería ser la comunidad universitaria misma, en función del reconocimiento a un ejercicio destacado en la conducción institucional. Cualquier prórroga debe basarse en resultados tangibles, no en proyectos futuros hipotéticos. Lo que no se logró durante el periodo regular difícilmente se alcanzará en una prórroga, especialmente cuando ya se ha evidenciado falta de capacidad, abandono de responsabilidades o desinterés por la comunidad.
En consecuencia, la Junta de Gobierno debe rechazar la solicitud por carecer de legitimidad. Urge convocar a la comunidad universitaria, escuchar su voz y permitirle participar de forma efectiva en la definición del rumbo institucional.
Respecto a la integración de la Junta de Gobierno, insisto en lo que he propuesto reiteradamente en artículos, conferencias y en el seno de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de Ley Orgánica durante el rectorado de la Dra. Sara Ladrón de Guevara: la Junta de Gobierno debe estar conformada exclusivamente por académicos de la Universidad Veracruzana —docentes, investigadores y estudiantes destacados— que vivan y amen a su Universidad, que la conozcan desde dentro y tengan un compromiso genuino con su desarrollo.
No es aceptable que la integren supuestos personajes “notables” ajenos a la institución, cuyo interés en la vida universitaria es nulo o superficial. La riqueza académica de la Universidad Veracruzana se encuentra en su propio capital humano: ingenieros, arquitectos, químicos, físicos, filósofos, educadores, biólogos, médicos, abogados, entre muchos otros. ¿Por qué no considerarlos para conformar la Junta de Gobierno?
Otro aspecto preocupante, que he denunciado desde 1996, es que el único reglamento no sometido a la aprobación del Consejo Universitario General es el Reglamento de la Junta de Gobierno. Este vacío permite que dicho reglamento se modifique a conveniencia de sus integrantes, acordando lo que más les favorece, incluyendo la sustitución arbitraria de consejeros y el nombramiento de personas no idóneas. Por ello, es urgente que el Reglamento de la Junta de Gobierno sea sometido a revisión y aprobación por el máximo órgano colegiado de la Universidad.
Finalmente, es imprescindible concebir un modelo de autonomía universitaria que se extienda a las facultades, institutos de investigación y demás entidades académicas. No se trata solo de desligarse del poder público para nombrar autoridades y manejar recursos a discreción, sino de evitar la creación de una burocracia centralista y asfixiante que obstaculiza la labor académica y administrativa. Resulta absurdo que para organizar una conferencia, conversatorio o curso se tenga que solicitar permiso y depender de una respuesta que muchas veces no llega.
Queremos una Universidad Veracruzana verdaderamente autónoma, regida por sus propias leyes, pero sobre todo, gobernada por sus propios universitarios.
