A una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, ocurridos el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, la impunidad continúa siendo la norma. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.
Durante estos diez años, las familias de las víctimas, junto con sus representantes legales, han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad. Las irregularidades han sido sistemáticas: filtraciones de información, revictimización, omisiones en actos clave y estigmatización a las víctimas.
Durante la conmemoración por el décimo aniversario del crimen, se realizaron marchas, conferencias y actos simbólicos en la Ciudad de México y en Xalapa, Veracruz, donde Rubén Espinosa había trabajado como fotoperiodista antes de huir por amenazas recibidas en el gobierno de Javier Duarte. Nadia Vera también había denunciado persecución política en Veracruz, y ambos responsabilizaron públicamente al exgobernador por cualquier daño a su integridad.
“Llegamos al décimo aniversario con total impunidad. Hemos cambiado de colores de partido, pero con ninguno hemos tenido avance”, declaró Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista asesinado.
La negligencia como constante
Desde el inicio, las autoridades negaron cualquier vínculo del crimen con la labor periodística de Rubén Espinosa y la defensa de derechos humanos de Nadia Vera. Ambos habían salido de Veracruz pocas semanas antes, huyendo de amenazas directas recibidas en un contexto de represión bajo el gobierno de Javier Duarte, señalado como uno de los más letales para la prensa en México: de 2010 a 2016, 17 periodistas fueron asesinados y 3 más desaparecidos.
El caso Narvarte desmintió la idea de la Ciudad de México como “refugio seguro”. Lo ocurrido evidenció que la persecución política y la violencia contra periodistas y activistas no se detienen en las fronteras estatales.
Investigación sin diligencia, sin voluntad
Desde 2015, han pasado tres presidentes, tres jefaturas de gobierno y cinco titulares de la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía). Ninguna autoridad ha asumido con seriedad el compromiso de esclarecer plenamente este crimen.
La investigación ha dependido en gran medida de la labor incansable de las familias y sus representantes legales, quienes han tenido que litigar por el acceso a la información, solicitar diligencias y proponer líneas de investigación que las autoridades omitieron por años. Incluso fue gracias a estos esfuerzos que, en 2021, se accedió por primera vez a copias completas de la averiguación previa y a evidencia digital que estuvo retenida por más de seis años.
De este análisis surgieron datos que revelaron la existencia de una operación planificada y coordinada, en la que participaron al menos 10 personas. También se documentó la utilización de un segundo vehículo en el crimen y el posible encubrimiento desde dentro de las instituciones. Sin embargo, la Fiscalía solo aceptó estos hallazgos tras ser expuestos públicamente en 2022.
Hasta hoy ninguna de las líneas de investigación ha sido agotada: ni la relacionada con Veracruz, ni con trata de personas, ni con crimen organizado. La Fiscalía tardó cuatro años en establecer un plan de investigación formal y no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas involucradas.
Omisiones, encubrimiento y deterioro de pruebas
La falta de debida diligencia ha provocado la pérdida de evidencia fundamental. Las autoridades no han sancionado a las personas servidoras públicas que incurrieron en filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias formales interpuestas por las familias desde 2022. Estas omisiones fortalecen la hipótesis de que algunos involucrados pudieron haber sido protegidos institucionalmente.
En 2017, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy CDHCM) emitió la Recomendación 4/2017, en la que documentó las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía. Hasta hoy, esa recomendación sigue incumplida.
El crimen sigue envuelto en irregularidades, omisiones y falta de esclarecimiento. Aunque tres hombres han sido sentenciados como autores materiales —entre ellos un expolicía capitalino—, los autores intelectuales y otros posibles cómplices permanecen libres.
Por todo lo anterior, a una década de este crimen, ARTICLE 19 y las familias exigen:
Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realice todas las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación pendientes, especialmente las relacionadas con el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos.
Que se investigue y sancione a todas las personas responsables materiales e intelectuales.
Que se investigue y sancione a funcionarias y funcionarios públicos que hayan incurrido en filtraciones, omisiones o actos que hayan obstaculizado la justicia.
Que se cumpla en su totalidad la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
A diez años, en ausencia de verdad y justicia, la memoria se siembra en las calles. Y así florece.
