Integrantes de la RedUV por la Legalidad se reunieron formalmente con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández, para exponer, con argumentos jurídicos, académicos y éticos, la ilegalidad e ilegitimidad de la prórroga otorgada al rector saliente, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, el pasado 23 de junio, por parte de una Junta de Gobierno que actuó fuera de sus facultades legales.
La reunión se celebró días después de que una comisión de la rectoría de la Universidad Veracruzana se reunió con el mismo diputado Bautista para defender la prórroga, sin informar a la comunidad universitaria.
En el encuentro solicitado por la RedUV, en el participaron estudiantes, académicos, exalumnos y especialistas en derecho, se destacó que, conforme a la legislación vigente, la Junta de Gobierno tiene la atribución de designar al Rector o Rectora de la Universidad Veracruzana, pero no la de prorrogar su mandato.
Entre los puntos discutidos, se destacó que el Congreso del Estado tiene la facultad de realizar una interpretación auténtica de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y de su reglamento.
La figura de “prórroga” no constituye un procedimiento formal previsto en la normativa universitaria, sino una pretensión unilateral que, de forma indebida, se atribuyó la propia Junta de Gobierno.
Asimismo, se subrayó que el procedimiento de designación rectoral debe iniciar con la emisión de la Convocatoria —como lo establecen la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General—, a partir de la cual se promueve la participación democrática de la comunidad mediante el ejercicio de auscultación, expresión genuina de la autonomía. “Al omitirse este paso, se vulneraron los derechos de la comunidad universitaria y de la sociedad veracruzana”, sentenciaron.
Los universitarios subrayaron que el otorgamiento de la prórroga es ilegítimo, en tanto que la Universidad Veracruzana ha mostrado una gestión deficiente, con consecuencias graves para la comunidad estudiantil, entre las que se encuentra la crisis documentada del posgrado, que derivó en la pérdida del reconocimiento de 27 programas ante el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), limitando el acceso a becas y deteriorando el derecho a una educación pública de calidad.
“Mantener esta prórroga sin evaluación crítica ni transparencia solo prolongaría una gestión que no ha estado a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra universidad”, subrayaron.
Durante el encuentro se compartieron con el diputado datos relevantes:
- En la sesión del Consejo Universitario General del 6 de junio se expresó un amplio rechazo a la posibilidad de una prórroga, lo que llevó a que la UV retirara el video de la sesión de su canal de YouTube.
- Más de 300 académicos firmaron dos pronunciamientos argumentados en contra de la prórroga otorgada al rector saliente.
- Se han difundido decenas de posicionamientos públicos de entidades universitarias, académicos y estudiantes en contra del actuar de la Junta de Gobierno, cómplice de la Rectoría.
- Las publicaciones oficiales de la UV relativas a la prórroga reflejan más del 60 % de rechazo en sus reacciones y comentarios.
- Cinco demandas de amparo han sido admitidas por el Poder Judicial de la Federación.
Se destacó que la RedUV por la Legalidad es una iniciativa orgánica, plural e incluyente, nacida del compromiso ético de la comunidad con la defensa del Estado de Derecho, y que ya suma más de 400 integrantes activos. “A diferencia de la rectoría saliente, que acudió con su equipo ante el mismo diputado de forma discreta y sin informar a la comunidad, nuestra acción fue pública, colectiva y orientada al diálogo transparente”.
Sostuvieron que la Universidad Veracruzana está hoy ante una crisis que puede resolverse mediante el reencauce hacia su propia normatividad y el ejercicio genuino de su autonomía. “El mensaje de nuestra comunidad es claro: no aceptamos imposiciones disfrazadas de legalidad. Confiamos en que este encuentro con el Congreso será un paso hacia la restitución del orden institucional y la apertura inmediata de un proceso legal de designación rectoral, cuyo primer paso es la publicación de la convocatoria que debió emitirse el pasado 30 de junio”.
“Hoy, la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana observan si sus autoridades y representantes están a la altura de las circunstancias y del momento histórico, que pone en riesgo la autonomía universitaria. Y en ese escrutinio público, las omisiones ante la ilegalidad son leídas como complicidad.
“El mensaje debe ser inequívoco: en Veracruz, ni la autonomía ni el prestigio de nuestras instituciones se ponen al servicio de intereses personales o de grupo.
La legalidad no se negocia, y las instituciones —como el Congreso que nos recibió— están para defenderla con contundencia y sin titubeos”, enfatizaron.
Finalmente, expresaron que “nuestro único interés es preservar la legalidad, la responsabilidad social y el prestigio de la Universidad Veracruzana. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación clara y continua con la comunidad universitaria, la sociedad veracruzana y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La UV no es propiedad de sus autoridades en turno: es una institución pública que sirve al pueblo veracruzano y debe responder ante él”.
El diputado Esteban Bautista se comprometió a revisar el caso a fondo junto con su equipo de asesores y a dar seguimiento puntual a las demandas.
