Por Sandra Luz Tello Velázquez
En México la reciente reforma en materia alimentaria dentro de las instituciones educativas, implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que, consiste en regular el consumo calórico dentro de las escuelas y universidades se ha materializado en leyes, a través de un rediseño casi arquitectónico de la manera en que niños, jóvenes y adultos eligen qué comer. Dicha prohibición de alimentos “chatarra” y con exceso calórico en escuelas y universidades mexicanas representa un cambio profundo y estratégico de la forma en la que nos relacionamos con la comida. Se trata, en esencia, de construir una arquitectura de decisiones.
La aplicación de dicha ley ha sido una intervención que modifica el ambiente en donde se toman decisiones, sin restringir totalmente libertades, se ha dado un empujón suave para influir, principalmente en los estudiantes, eliminando la opción golosa en las estanterías de las tiendas y cafeterías institucionales para dar paso a un escenario en el que solo se expenden alimentos y bebidas saludables.
A través de este diseño, se protege la libertad de elección, un principio “sagrado” en las democracias. De entrada, se hace invisible todo alimento que contenga un alto contenido calórico y se reacomodan productos saludables, colocándolos “a la vista”, para que la decisión de consumo refleje una mayor conciencia ajustada al bien personal y común.
Algunas modificaciones que se han vinculado con la arquitectura de las decisiones es la exposición de refrigerios exhibidos en anaqueles que promueven colores naturales, empaques transparentes que reviven el vínculo emocional con la comida real o bien se van gestando pasillos que invitan a una hidratación a base de agua simple, de tal forma que, sin prohibir licuado de frutas, la decisión del alumno o alumna se incline hacia un plato nutritivo.
La nueva regulación es una intervención quirúrgica en la mente colectiva, que ha sido rechazada por algunos padres de familia, maestros y estudiantes, pero que pretende simplificar decisiones complejas sin coerción, pero sí con cierta imposición.
Sin embargo, como toda arquitectura de decisiones, la línea entre “el empujón consciente” y la manipulación es tenue. La ley debería acompañarse de transparencia y comunicación, para que alumnos, madres, padres y docentes comprendan que se trata de una decisión ética centrada en el derecho a comer bien. Finalmente, debe respetarse la autonomía de comer saludable sin generar estigmas: no se trata de criminalizar a lo ultra procesado, sino de hacer el entorno más propicio a la salud.
