Por Ángel Kú
En México, el discurso de protección hacia las mujeres en política se ha convertido en una herramienta peligrosa cuando se utiliza con fines autoritarios. La figura jurídica de “violencia política en razón de género” fue diseñada para proteger a las mujeres de ataques sexistas, amenazas, y discriminación sistemática. Pero hoy, vemos cómo esta figura es manipulada para callar críticas legítimas, censurar opiniones ciudadanas y castigar el ejercicio del periodismo.
Uno de los casos más preocupantes es el de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien logró censurar a un medio de comunicación que la cuestionó por el supuesto desvío de más de 800 millones de pesos. En lugar de aclarar los hechos o responder a las acusaciones, utilizó mecanismos legales para silenciar la crítica y evitar la rendición de cuentas.
Otro caso alarmante es el de la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, esposa del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció a una ciudadana, Karla Estrella, por expresar su opinión política en la red social X. El castigo fue desproporcionado: una disculpa pública durante 30 días seguidos.
¿Desde cuándo opinar en redes sociales se castiga como si fuera un delito grave?
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también ha sido señalada por una persecución sistemática contra periodistas que la cuestionan, evidenciando un patrón preocupante de intolerancia hacia la prensa crítica.
En Puebla, se aprobó recientemente una legislación conocida como la «Ley Ciberasedio», que abre la puerta a sanciones penales por publicaciones en línea que generen “malestar” o “afectaciones” emocionales a funcionarios. Esta ley, aunque aparentemente busca combatir el acoso digital, puede usarse fácilmente para censurar memes, críticas o denuncias legítimas.
Y por si fuera poco, en Xalapa, Veracruz, la alcaldesa electa Daniela Griego denunció ante el Tribunal Electoral a dos periodistas y a un excandidato a regidor por la publicación de un meme político. ¿Hasta dónde llegará esta obsesión por callar voces incómodas?
Estos casos evidencian una tendencia: el uso de figuras legales creadas para proteger derechos, convertidas en armas para suprimirlos. No se trata de minimizar la violencia real que muchas mujeres enfrentan en política —esa lucha es legítima —, pero es igualmente legitimo denunciar su manipulación con fines políticos y censores.
Callar al ciudadano, al periodista o al opositor bajo el pretexto de «violencia de género» solo debilita la verdadera lucha feminista, la banaliza y la convierte en herramienta de control.
Hay que decirlo fuerte y claro: ¡Basta de censura disfrazada de violencia política de género!
