Por Víctor A. Arredondo
- La autonomía universitaria puede ser violada extramuros, intramuros o en ambos frentes.
- En el caso de la UV, aunque hay indicios de injerencia externa, la principal violación ha sido interna.
- Sin pensarlo, el mayor logro de la actual rectoría fue provocar la movilización universitaria a favor de la legalidad.
“… entre nosotros hay muchos enmascarados que no respetan, no aman y no aprecian la autonomía universitaria. La Universidad es lo primero. Permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra Casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara: ¡nuestra autonomía!”.
Javier Barros Sierra. Rector de la UNAM, 1968
En un par de artículos de esta misma serie me referí a la credibilidad que merecían algunos miembros de la Junta de Gobierno, debido a su destacada trayectoria personal, que sólo es posible mediante dedicación, esfuerzo y disposición por servir al bien común. También señalé la advertencia que anticiparon algunos analistas sobre un par de miembros de ese órgano colegiado que actuarían de manera beligerante por consigna e interés de grupo, menospreciando la legalidad, la ética y la institucionalidad. Uno puede imaginarse la tensión al interior de la Junta, sobre todo, después de la renuncia de dos valientes académicas que se opusieron a una inminente decisión en la que no se tomaron en cuenta sus argumentos ni los pronunciamientos públicos, razonados y bien fundamentados, que advertían sobre la improcedencia legal de la prórroga y la grave transgresión a la legislación universitaria que conllevaría.
Aún se desconoce, aunque pronto se sabrá, cómo fue que la presión de dos miembros beligerantes de la Junta que actuaron con evidente alevosía y ventaja, lograron imponerse sobre cinco miembros que debieron darse tiempo para estudiar a fondo la improcedencia jurídica implícita en la petición del rector saliente. Además, llama la atención que no se hayan asesorado sobre las falsas premisas jurídicas que usó esa instancia de gobierno en el comunicado donde anuncia el otorgamiento de la prórroga. Específicamente, el segundo considerando sobre su “procedibilidad”, refleja un absoluto desconocimiento sobre jurisprudencia y/o un preocupante menosprecio por la legislación universitaria.
En ese apartado de “procedibilidad” se expresan enunciados que resultan de una interpretación jurídica sui generis que no se sostiene legalmente y, menos, porque no es atribución de la Junta de Gobierno hacer interpretaciones sobre la legislación universitaria. Tomemos como ejemplo el siguiente enunciado de su comunicado: “…entiéndase que la naturaleza de la prórroga dentro de la normativa universitaria permite extender la vigencia del nombramiento por un periodo más … sin que esto constituya una nueva designación que requiera cubrir los mismos requisitos que ya fueron previamente legitimados por la Junta de Gobierno hace 4 años”. La Ley de Autonomía nunca menciona esa falacia, por lo que la Junta se convirtió en entidad legisladora contraviniendo toda normatividad. Ahí mencionan otra frase insólita: “La legislación universitaria le otorga a la Junta de Gobierno la potestad reglamentaria para conoсеr y regular la designación de la persona titular de la Rectoría”. Eso es totalmente falso, la normatividad universitaria no otorga la capacidad de regulación a la Junta, esto es, de crear normas de tan alta jerarquía, porque eso sólo le corresponde al Poder Legislativo de Veracruz. Aunque la Junta si tiene la atribución de actualizar normas secundarias sobre su actuar como es el caso de su propio reglamento interno, éstas deben ser congruentes con disposiciones normativas superiores contenidas en las leyes. Entonces, la Junta de Gobierno no sólo legisló lo que no le correspondía, sino que contravino y violó lo que sí esta legislado.
Otra falacia de ese comunicado es la siguiente: “La Junta de Gobierno es a quien corresponde establecer el método para atender la solicitud planteada.” Eso tampoco es cierto porque asumen atribuciones de legisladores que no les corresponde. El método de designación de quien se hará cargo de la rectoría está suficiente y debidamente explicitado en distintos artículos de las leyes universitarias y en el propio Reglamento Interno de la Junta que la obliga a seguir un procedimiento preciso con el fin de asegurar la libre competencia entre postulantes, la transparencia y la amplia participación de la comunidad universitaria para que contraste distintos perfiles, diagnósticos y propuestas sobre el rumbo institucional. Este procedimiento es el que estamos esperando hasta el día de hoy, no más.
El referido comunicado de la Junta de Gobierno de la UV dejará precedente en la historia de las universidades autónomas como texto de estudio sobre lo que no debe hacerse en materia de jurisprudencia, institucionalidad y responsabilidad social. También será objeto de estudio lo que sucedió al interior de la Junta de Gobierno. Ahí hay académicos de trayectoria destacada que conocen el sistema universitario y nuestra institución. Aunque es entendible que sus miembros no sean expertos en jurisprudencia, la trascendencia de su decisión en un entorno tan vigilante y de gran expectación por las advertencias de una posible transgresión, debió llevarlos a asesorarse cabalmente antes de dar su voto a favor. Aunque la participación en comisiones honorarias exige sobrecargas de trabajo para gente usualmente muy ocupada, esto debiera solventarse con análisis y síntesis ejecutivas por parte del personal técnico, en este caso de la Junta de Gobierno.
Aquí es donde los miembros no beligerantes debieron haber puesto especial cuidado para no confiar en la buena fe de la documentación que se les entregaba como legal. Un caso similar sucedió con los cuestionarios diseñados de manera sesgada para inducir la opinión de los universitarios a favor de la prórroga. Debe insistirse, esa “consulta” también fue ilegal porque no está consignada en la legislación universitaria.
Las evidencias que se tienen hoy, apuntan a que hubo un arreglo previo, planeado con alevosía y ventaja, en el que participaron directivos de la alta jerarquía universitaria junto con miembros beligerantes de la Junta de Gobierno. La consigna y la premura que mostraron en su actuación sugiere que buscaron satisfacer los planes y calendarios necesarios para aprovechar el periodo vacacional y la ausencia de la comunidad universitaria en su insólita pretensión de mantener ilegalmente al rector saliente cuatro años más en su cargo.
En nuestro país existen reflexiones y definiciones serias, profundas, en torno a la autonomía universitaria y sobre su gran misión y significado. Queda claro que el rango constitucional que nuestra nación le otorga a la autonomía universitaria es una medida exacta de su trascendencia social. El pensamiento plural, crítico, reflexivo, orientado al bien común, a la solidaridad y a la construcción de un futuro justo, armonioso en lo social y lo ambiental, debe ser un atributo distintivo de toda universidad autónoma. También, el que se distinga por su gobernanza transparente, respetuosa de la legalidad y del rumbo académico colegiado; por su aporte al éxito de cada uno de sus estudiantes, al enriquecimiento cultural, ético, científico, tecnológico y humanístico de la sociedad a la que se debe. Todo ello impone una gran responsabilidad institucional que se debe predicar con el ejemplo en el marco de obligaciones y derechos claramente establecidos.
Tales premisas son las que se esperaría ver trasminadas al interior de la Junta de Gobierno para que en un marco de pluralidad, honorabilidad y responsabilidad, se atiendan las insistentes voces que señalan con solidez que no procede la autorización de la prórroga. La razón es nítida, no se sostiene jurídica, ética y socialmente. Se trata de cumplir la legislación y evitar el caos en una de las universidades del país de mayor trayectoria y brillo, de una institución que honra el arte, la ciencia y la luz. A fin de cuentas, reconocer un error requiere honestidad intelectual y solidez ética; corregirlo, conlleva valentía y congruencia con los más altos valores. La decisión personal que tome el rector saliente para asumir la legalidad o el papel que protagonice la Junta de Gobierno quedarán escritos en la historia de la universidad pública. La decisión todavía está en sus manos; después, ya no.
