El gobierno no actuó con la imparcialidad requerida durante la elección judicial, en el que se eligieron a jueces, magistrados y ministros del país, pues se vulneró en distintos momentos la integridad electoral, coincidieron las organizaciones integrantes del Observatorio Electoral Judicial (OEJ).
Al presentar su informe final en torno a la elección de junio pasado, advirtieron que son necesarias y urgentes diversas modificacioneslegales para el próximo proceso electoral, además de que debe haber una legislación específica para las elecciones judiciales en donde se establezcan reglas claras en todo momento.
En consenso, consideraron que la elección no puede ser considerada democrática ni en su fondo ni en su forma, además calificaron el proceso como un retroceso histórico en materia electoral.
La elección judicial, explican, respondió a una lógica de concentración del poder y debilitamiento de los contrapesos, en lugar de impulsar el acceso a la justicia.
Luis Fernández, de la organización Práctica Laboratorio para la Democracia, señaló que la falta de imparcialidad en la contienda electoral se potenció también con una decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, emitida en una votación dividida, que permitió que servidores públicos promovieran abiertamente las elecciones, creando una zona gris que fue aprovechada para influir de manera directa y abierta en la contienda.
El Observatorio documentó durante el proceso una serie de irregularidades desde la fase de la reforma de la que derivó hasta la jornada electoral.
Uno de los principales puntos que destacan es el diseño de las boletas, el cual habría generado ventajas estructurales para ciertas candidaturas.
