Quebradero

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La oportunidad

 

Por Javier Solórzano Zinser

 

Los acuerdos que la justicia estadounidense está alcanzando con Ovidio Guzmán se deben a que todo lo que está declarando el acusado se está comprobando.

Es probable que las acusaciones contra dos bancos mexicanos y una casa de cambio tengan que ver con los datos que Ovidio esté proporcionando. Si bien es un asunto que desde hace algún tiempo se está investigando, pudiera ser que el hijo del Chapo haya consolidado la información.

EU sólo llega a acuerdos si tiene cómo verificar la información. Las acusaciones contra García Luna son prueba de ello. Es claro que eran dichos de testigos, pero la maquinaria de la justicia se mueve hacia la comprobación de los dichos.

Los procesos se desarrollan con investigaciones paralelas a lo que pasa en un juicio. A todos les queda claro que los acusados son capaces de declarar cualquier cosa con tal de que les rebajen las sentencias; sin embargo, si no hay información dura y comprobable no hay acuerdo alguno.

Esto es precisamente lo que debería llamar la atención del Gobierno mexicano. No hay duda de que cuando deportó a los 29 narcotraficantes, y meses antes a Ovidio Guzmán, sabía lo que podía pasar. No hay manera de entender el desarrollo del narcotráfico en el país, si no es a través de la relación entre la delincuencia organizada y las autoridades, el nexo se ha convertido en una forma de vida.

Los narcotraficantes saben muy bien que la información que tienen, al tiempo que los coloca en un alto nivel de riesgo, también, paradójicamente, puede ser lo que les permita reducir sus sentencias. EU no confía en la justicia mexicana.

Habrá que ver con el champurrado que hicimos con el Poder Judicial cómo nos va y cuál será la reacción estadounidense cuando entremos en situaciones de esta naturaleza. No confían, porque históricamente han visto cómo muchas cosas se han diluido o se han soslayado; no es casual que el abogado de Ovidio se haya referido al caso del exsecretario de la Defensa.

La Presidenta sabía lo que podía suceder. No tenía capacidad de maniobra, porque las presiones de Trump llegaron al límite. Tenía que ofrecer algo y estamos ciertos de que en la lista de los delincuentes llevados a EU están personajes que han jugado un papel al interior de los cárteles.

Recordemos que, a pesar de lo que significó México para Donald Trump, pareció ser algo menor; al referirse a ello dijo que lo hicieron para “ponerme contento”.

La nueva andanada de aranceles de nuevo coloca en el centro del debate el tema de la inseguridad. El presidente en su carta para informar de ello no se detuvo en las cuestiones comerciales o de desigualdad económica.

Se refiere directamente al tema de seguridad y de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, lo cual asegura que, a pesar de algunos avances, sigue siendo un gran problema en la relación bilateral. Para Trump el gran tema, además del comercial, está en el fentanilo y todo lo que tiene que ver con las drogas. La Presidenta lo sabe, e independientemente de que con el mandatario estadounidense nunca se sabe en qué pueden acabar las cosas, es evidente que lo que quiere en este asunto es presionar al máximo para frenar, como fuera, el tráfico de las drogas de México hacia EU.

A sabiendas del riesgo que se corría al mandar a EU a los delincuentes, la Presidenta entendió que tenía que hacerlo. Sabía también que los narcotraficantes podían salir en libertad o fugarse; por donde se viera era mejor mandarlos a EU.

Lo que se viene va a ser más rudo. A pesar de los altos riesgos que pudiera tener ante sí, la Presidenta puede tener el momento de atacar un problema que no es de ella, el cual nos tiene al menos en un laberinto.

RESQUICIOS. 

Si nos atenemos a casos anteriores, no pareciera que vaya a trascender la demanda de la Presidenta contra el abogado de Ovidio Guzmán. Sin embargo, es importante que deje el antecedente. Jeffrey Lichtman será juzgado por las leyes de su país, las cuales en esta materia son diferentes al nuestro.