Por Miguel Casillas
Como es bien sabido y está establecido en la legislación universitaria, en la Universidad Veracruzana debería de haber ocurrido un proceso normal de renovación de la rectoría en el que la Junta de Gobierno está mandatada por ley para expedir una convocatoria, registrar aspirantes, validar sus candidaturas, solicitarles acrediten los requisitos de la Ley Orgánica, abrir un espacio de divulgación y deliberación sobre sus propuestas y programas, auscultar a la comunidad, y luego tomar una determinación para designar a la persona que debe ocupar la rectoría. Sin embargo no fue así.
Por fuera de todos los derechos y obligaciones consignadas en las leyes, el rector actual se inventó la atribución de solicitar una prórroga a su mandato de cuatro años que ya concluye. Por encima de toda la legislación que establece con precisión los procedimientos y mecanismos que deben regir a la Junta de Gobierno, ésta no sólo aceptó como válida la solicitud del rector, sino que se inventó todo un nuevo mecanismo para acabar decidiendo a favor de la prórroga. Tan improcedente conducta orilló a que en pleno proceso sucesorio renunciaran a la Junta dos distinguidas académicas que no quisieron prestarse a los trastupijes del sector mayoritario.
El mecanismo inventado por la Junta fue una ficción. El rector presentó un balance incompleto y parcial, sin nada de autocrítica, triunfalista, con datos artificiosos (como la reforma del MEIF, la utilidad de las aulas híbridas, los nuevos sistemas institucionales), asumiendo como propios o resultado de alguna acción institucional el esfuerzo individual de los profesores, como el incremento en el número de académicos en el SNI, por ejemplo. Se le pidió un programa de trabajo, y entregó una versión reciclada del programa de hace cuatro años, reiterando como metas muchas de las mismas cosas que prometieron y no hicieron durante su gestión. La Junta fue omisa al no solicitarle al rector que demostrara que cumple con el requisito de la edad establecido en la Ley Orgánica, porque obvio no es así. La Junta se inventó un sistema de consulta a la comunidad, que no garantizaba ni la secrecía ni el anonimato de los participantes; que, a pesar del acarreo y las presiones de directores y vicerrectores convocó apenas a poco más de dos mil ochocientas personas, de las cuales cuarenta por ciento votaron contra la prórroga. Siempre en secreto y de espaldas a los universitarios la Junta decidió otorgar la prórroga para el rector por otros cuatro años.
Hoy sabemos que la Junta está colonizada por personas muy afines al rector y a su grupo de interés. No escuchan a la comunidad ni son sensibles ante los cuestionamientos y exigencias de legalidad. La Junta ha sido opaca y para nada transparente en sus resoluciones; ha tenido un comportamiento autoritario y contrario a la voluntad mayoritaria de los universitarios; ha violado de modo reiterado las leyes, y se ha abrogado funciones legislativas que nadie le dio. Sin legitimidad ni confianza entre los universitarios ha colocado de modo muy irresponsable a la UV en una enorme crisis institucional.
La inconformidad frente al proceder de la Junta y a la prórroga sigue creciendo. Los estudiantes y profesores que han sido víctimas de presiones y acoso se están rebelando indignados, los bots y las campañas de difamación ofenden la inteligencia de los universitarios, los viejos y nuevos oprobios de una gestión autoritaria emergen como exigencias de justicia, transparencia y legalidad.
Los amparos individuales y colectivos son la punta de lanza de la batalla jurídica. Algunos que se presentaron con anticipación fueron rechazados, pero una vez consumado el acto de la prórroga y una vez vencido el plazo que por ley tenía la Junta para expedir la convocatoria se abren nuevos y muy diversos agravios que serán impugnados con la esperanza de que el poder judicial pueda revertir los acuerdos recientes de la Junta.
Mientras terminan los días de exámenes y se desarrollan las vacaciones de verano la Universidad se desmoviliza. Sin embargo para el regreso a clases se anuncia el despertar de una enorme movilización universitaria en defensa de la legalidad. Los estudiantes se están organizando, y entre el profesorado comienza a conformarse un enorme y diverso frente en defensa de la UV. Las demandas que comienzan a decantarse son la disolución de la Junta de Gobierno, la renuncia del rector y la integración de una nueva Junta que sea la encargada de iniciar el proceso normal de relevo en la rectoría con base en lo establecido por la legislación. Comienza a construirse un consenso para transformar en un mediano plazo, con un sentido democrático, las formas de gobierno de la Universidad.
La opinión pública se ha decantado muy mayoritariamente contra la prórroga y por el restablecimiento del orden legal en la Universidad. Es previsible que estos días de exámenes y de vacaciones sirvan para ampliar la información sobre lo que ha sucedido en torno a la imposición arbitraria de la prórroga entre toda la comunidad y en toda la sociedad. El tema seguirá latente en la discusión pública.
Por otro lado, comienzan a organizarse nuevas acciones de resistencia y movilización entre los universitarios que se preparan para el regreso de vacaciones. Desde los primeros días habrá asambleas informativas y resolutivas en las facultades, centros e institutos, en las entidades administrativas y en las oficinas. Habrá nuevas manifestaciones tanto en Xalapa como en las regiones. Los integrantes del Consejo Universitario habremos de organizarnos para actuar de modo concertado y responsable para encontrar de la mano con la comunidad una salida institucional a la crisis. La resistencia está construyéndose, con la unidad de los universitarios por la defensa del principio de legalidad.
