El Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor de Morena, PT, Verde y MC y 30 en contra del PAN y el PRI.
La reforma permite la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares. Las compañías de telefonía deberán identificar a cada usuario con datos que el gobierno podrá consultar en tiempo real. Y si no se registra, cortan la línea.
Se dispone la obligación de guardar el historial de llamadas, mensajes y geolocalización. Para consultarlo, no hará falta orden judicial. El acceso será directo.
En el artículo 183 se menciona que los concesionarios de telecomunicaciones colaborarán con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica de los equipos telefónicos y entregarán a las autoridades datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil.
Esto contempla el número de destino, la modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, así como datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación y el servicio de mensajería o multimedia.
Se desaparece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
“La extinción del IFT, como parte de una estrategia de simplificación orgánica, ayuda a implementar los controles adecuados de transparencia y rendición de cuentas. Podría eliminar trabas burocráticas y fomentar la inversión”, justifica el texto de la reforma que ya fue turnada a la Cámara de Diputados.
Se eliminaron facultades polémicas, como el artículo que permitía suspender transmisiones digitales sin avisar, y las atribuciones de la ATDT se redujeron de 66 a 9. Aunque el Senado aprobó reservar modificaciones que establecen que la suspensión de transmisiones deberá notificarse previamente.
También se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación. Sus cinco integrantes serán designados por la Presidencia.
La discusión, que duró más de tres horas, enfrentó a diputados del bloque oficialista y la oposición. PRI y PAN advirtieron sobre posibles riesgos de censura, vigilancia y un «gobierno espía».
La ley estipula que todos los concesionarios deben contar con una defensoría de audiencias para combatir desinformación o calumnias.
También otorga a medios comunitarios la posibilidad de “vender publicidad” y acceder a recursos de comunicación social de dependencias públicas.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación.
