Por Darío Fritz
Buenos Aires queda demasiado lejos de Ciudad de México. Como también Tapachula de La Quiaca, otras dos ciudades donde comienzan o terminan México y Argentina. Pero a veces hay cosas que las acercan, y no entro en la zalamería y el folclorismo aquel de los pueblos unidos por el idioma, las raíces, sus escritores de talla o el significado muchas veces humorístico de las palabras en uno y otro lado. Con lo que se viene hablando desde hace un par de años de hacer otro Poder Judicial en México, en realidad un poder con otras cabezas que lo conduzcan, emparentarlo con el caso argentino -bien podría ser con otros países de la región-, puede decirnos que no están tan lejos unos de otros aunque disten más de nueve horas de avión.
La Corte Suprema de Justicia argentina acaba de ratificar la condena de un tribunal contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la entrega de obras pública a un empresario entre 2007 y 2015. El caso no dista mucho de esas especies de revanchismos políticos que se veían por aquí, como los procesamientos judiciales de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, Elba Esther Gordillo o Rosario Robles. En estos tres casos, fueron liberados antes de cumplir cualquier condena. De la expresidenta se verá, aunque no trae buen pronóstico.
Mauricio Macri, el expresidente que sucedió a Fernández de Kirchner, y cabeza de la derecha política argentina -aunque algo menoscabado ahora por el presidente Javier Milei-, fue quien inició la causa, denominada Vialidad, por 51 licitaciones aprobadas incluso por el Congreso. En años recientes se conocería que Macri jugaba al tenis mientras era presidente, con dos jueces de unos de los tribunales que llevó el juicio, y también de otro juez y el fiscal, con quienes jugaba al futbol en una de sus propiedades. Por supuesto, esos jueces fallaron contra la expresidenta. Ambos escándalos, donde fluyen intereses políticos y judiciales que se repiten en situaciones similares conocidas por décadas, fue uno de los varios motivos que esgrimió la defensa de la expresidenta para demostrar la parcialidad de los dos tribunales que actuaron antes de llegar a la Corte Suprema.
También hubo reclamos de tipo procesal. Pruebas que aparecieron en el expediente una vez terminado el juicio y que no fueron sometidas a las audiencias, pruebas nunca comprobadas de pagos entre la exmandataria y el empresario, reuniones para conjurar delitos o supuestos beneficios económicos. Nada de esto fue tomado en cuenta por los tres jueces supremos -sí, tres, porque desde hace cuatro gobiernos la política argentina no se puede poner de acuerdo para designar los miembros de la Corte-, de los cuales uno estaba recusado por la defensa.
Las presiones de Macri y Milei para impedir que la expresidenta se convirtiera en una muerta en vida de la política argentina -ya no podrá ejercer cargos con este fallo- comenzaron desde el año pasado para sacar una ley de Ficha Limpia en el Congreso que impidiera presentarse a elecciones a quienes tuvieran una causa judicial. Por un voto la ley no salió hace varias semanas, pero cuando Kirchner anunció luego que se registraría en julio como aspirante a diputada en unas elecciones locales, se filtraron presiones de poderes fácticos para que la Corte actuara. Su inminente y expeditiva resolución -filtrada por medios de comunicación afines- no solo la manda a la cárcel domiciliaria, sino que la proscribe políticamente, cuestión que en 42 años de democracia ocurre por primera vez.
El lawfare que padece Cristina Kirchner -se ha dado contra Lula da Silva y Rafael Correa en Brasil y Ecuador- se exalta en un país donde su Corte y jueces de tribunales lejos están de ser equidistantes de las presiones fácticas y políticas. Se le conoce allí como decisiones de doble vara de la justicia. Por un lado, las sentencias se multiplican sobre los sectores populares, mientras que policías denunciados por crímenes, empresarios estafadores procesados y políticos cercanos al poder judicial como el caso de Macri, sobre quien pesan varias causas -fue absuelto en otras-, jamás rinden una declaración en tribunales.
El permanente juego político de influencias entre los poderes Ejecutivo y Judicial -el menos democrático, sin duda-, se acentúa cada vez más en una deriva hacia el control. Y no importa el talante de quien gobierne, sea conservador, progresista, de derecha o de izquierda. Se puede cambiar la forma de la designación de los jueces y pretender hacerlo democrático, pero cuando solo una minoría lo elige, el límite de transformarlo en un apéndice del Ejecutivo o de poderes fácticos, está a la vuelta de cualquier sentencia.
@dariofritz.bsky.social
