En medio de las protestas de la comunidad universitaria contra la imposición de Martín Aguilar para una extensión de periodo en la rectoría de la Universidad Veracruzana, la Junta de Gobierno afirmó que, a finales de la semana pasada, “algunas de las personas que integran este cuerpo colegiado, y sus familiares, han sido objeto de presiones y amenazas personales”.
En el marco de la “consulta” con la que se pretende dar legitimidad a la decisión de prorrogar el rectorado de Martín Aguilar, la Junta de Gobierno difundió que “dichas presiones y amenazas buscan entorpecer la importante labor de consulta que este cuerpo colegiado debe conducir con seriedad y autonomía”.
“Este tipo de acciones son inaceptables dentro de una comunidad dedicada a la creación y difusión del conocimiento y la cultura, y en algunos casos constituyen delitos tipificados en el Código Penal”, sentenció. Pero no aclaró si los involucrados ya acudieron a denunciar ante la Fiscalía General del Estado.
En cambio, la Junta de Gobierno subrayó que “no tomará en cuenta las presiones que pretendan influir en sus decisiones y reiteramos nuestro compromiso de actuar con ética, integridad y en estricto apego a la normativa universitaria, ponderando las opiniones y argumentos de la comunidad universitaria para normar sus decisiones”.
