Los aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez solicitaron el apoyo y solidaridad de las instituciones de educación superior representadas en el seno de la Asamblea General y del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de toda la comunidad universitaria del país, para rechazar e impedir la prórroga del rectorado de Martín Aguilar en la Universidad Veracruzana.
En una carta dirigida a la comunidad universitaria nacional, los aspirantes a la rectoría afirmaron que la prórroga a su mandato solicitada por Martín Aguilar –nunca antes planteada en la historia autónoma de la UV–, es un intento “que consideramos lesivo al marco normativo interno y a los valores democráticos que rigen a nuestra alma mater”.
“Tanto la solicitud de prórroga, como el procedimiento que la Junta de Gobierno ha difundido en su portal institucional (https://www.uv.mx/juntagob/) no existen dentro de la normatividad universitaria, por lo que haber dado vista y trámite a tal solicitud constituye una flagrante violación de diversos preceptos legales universitarios.
Expusieron las violaciones a la normatividad universitaria identificadas:
· Aceptar una “solicitud” de prórroga no prevista en la normatividad atenta contra el orden jurídico y la estabilidad universitaria.
- La Junta de Gobierno ha creado artificiosamente un procedimiento, exprofeso, no previsto en ninguno de los ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana.
- Aunque el concepto de prórroga se menciona en la Ley, no es el caso del
- En el espíritu del legislador nunca estuvo previsto crear un procedimiento específico para la prórroga, de ahí que todas las personas que previamente han ocupado la Rectoría de la UV, en su etapa de autonomía, nunca acudieron a tal hipótesis.
· Incumplimiento de plazos legales para la sucesión rectoral:
- La legislación universitaria ordena claramente emitir una convocatoria de consulta para la designación rectoral con dos meses de antelación al término del periodo en funciones.
- El periodo del actual Rector concluye el 31 de agosto de 2025 por lo que, a más tardar, el 30 de junio de 2025 debiera publicarse la convocatoria de sucesión.
- La Junta de Gobierno ha postergado este paso en atención a la solicitud de prórroga, poniendo en riesgo el cumplimiento estricto de la Ley de Autonomía.
· Elusión de los requisitos de elegibilidad (límite de edad):
- La normatividad interna establece que para ser designada la persona que ocupe la Rectoría se requiere tener menos de 65 años al momento de la designación. El rector Aguilar superó ya ese umbral durante su gestión. Pretender continuar en el cargo mediante una prórroga equivale a soslayar dicho requisito legal, lo que resulta ilegal e ilegítimo a juicio de amplios sectores universitarios.
- Este punto reviste gravedad, pues la prohibición de rebasar los 65 años es clara y su inaplicación minaría la certeza jurídica de los procesos de designación.
· Sustracción al escrutinio y falta de equidad en el proceso:
- Tradicionalmente, incluso los rectores en funciones que aspiraron a un segundo período se sometieron a un proceso abierto, compitiendo en igualdad de condiciones mediante la emisión de convocatoria, presentación de planes de trabajo y auscultación plural de la comunidad.
- La figura de la prórroga solicitada ahora impide la participación de otros aspirantes y obvia la consulta equitativa de proyectos para la Universidad.
- Sustituir un proceso electivo por una decisión cupular atenta contra la transparencia, la participación y la meritocracia que deben prevalecer en la vida universitaria.
· Aplicación sesgada de la normatividad vigente:
- La Honorable Junta de Gobierno parece apoyarse solo en ciertos artículos (que permiten teóricamente la prórroga) ignorando otros mandatos esenciales del mismo marco legal, como los ya mencionados plazos y requisitos.
- La normatividad universitaria es un todo integrado; su cumplimiento no puede ser selectivo. Cualquier resolución debe fundarse en todas las disposiciones vigentes para no comprometer la legitimidad del proceso ni la credibilidad de nuestras
Destacaron que “resulta reconfortante que estudiantes, académicos, personal universitario, ex rectores de la UV, egresados y sociedad en general se hayan manifestado en defensa de la legalidad en las últimas semanas, que han exigido este órgano de gobierno cumpla con su deber ético y legal de convocar a un nuevo proceso, en vez de avalar esta extensión improcedente”.
Asimismo, respaldaron el posicionamiento de 17 ex integrantes de la Junta de Gobierno de la UV, entre ellos universitarios de alto prestigio nacional e internacional, que han exhortado a seguir el marco normativo al pie de la letra y garantizar un proceso transparente, objetivo y sin influencias externas.
“Ellos han enfatizado que lo que está en juego trasciende a la UV, pues la conducción de este proceso enviará un mensaje al país sobre la vigencia real de la autonomía universitaria”, puntualizaron.
Por todo lo referido, solicitaron el apoyo y solidaridad de las instituciones de educación superior representadas en el seno de la Asamblea General y del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de toda la comunidad universitaria del país.
“Los instamos a pronunciarse en contra de estas violaciones a la normatividad universitaria y a favor de que se restaure el cauce legal en la Universidad Veracruzana. La defensa de la universidad pública y de sus principios de autonomía, legalidad y democracia interna requiere hoy de una voz unificada.
“Urgimos a los integrantes de la Junta de Gobierno de la UV a rechazar la prórroga ilegal y a emitir de inmediato la convocatoria para la elección rectoral, garantizando un proceso abierto, equitativo y fundado en derecho. Solo así se preservará la integridad de nuestra vida académica y se honrará el espíritu autónomo que rige a nuestras instituciones de educación superior.”
